Juan Manuel de Prada, ABC, 22-05-2006
Las declaraciones a la prensa de Francisco Vázquez, nuevo embajador español ante la Santa Sede, no han podido ser más pintureras; pero quizá estuviese probando la cuadratura del círculo, intentando a la vez satisfacer a quien lo envía de emisario y no contrariar sus convicciones religiosas. Vázquez, que ha leído el Evangelio, sabe cuán difícil es servir a dos amos. Más desafortunada se me antojó la mención específica que el nuevo embajador hizo al papel que la Iglesia podría desempeñar en el proceso abierto tras el llamado «alto el fuego permanente» de los asesinos etarras. Utilizar las palabras de Benedicto XVI con fines partidistas me parece una imprudencia indigna de un diplomático, sobre todo si se confiesa tan rendidamente católico.
Pero no eran las incontinencias de Vázquez las que quería glosar aquí, sino las muy taimadas necedades con que Fernando Moraleda, convertido en secretario de Estado de Intoxicación, respondió al breve discurso que Benedicto XVI había pronunciado ante el nuevo embajador. Descubrimos en ellas esa mezcla estragadora de malicia, bravuconería, tergiversación y argumentos cefalópodos que vienen caracterizando los mensajes que el Gobierno español lanza a las jerarquías eclesiásticas. Así, por ejemplo, el secretario Moraleda afirmó que «carece de sentido que el Estado financie a la Iglesia, porque la Constitución Española recoge que el Estado español es aconfesional»; se le olvidó, en cambio, añadir que también recoge que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica». Se había referido el Papa en su discurso -citando tácitamente el artículo 27 de nuestra Constitución- al «derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación acorde con sus propios valores y creencias, sin discriminación ni exclusión explícita o encubierta»; y había recordado también que la enseñanza de la religión católica debe impartirse «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales», tal como lo establece el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre materia educativa.
El secretario Moraleda, ante la intachable y muy sucinta exposición jurídica del Papa, se sale por peteneras y aduce que el Gobierno «tiene que atender un programa y no puede atender el catecismo». Se le olvidó añadir que, antes que un catecismo o un programa, el Gobierno tiene que atender la ley, bajo cuyo imperio se halla mientras no se demuestre lo contrario (aunque no falten los indicios de que ya ha empezado a situarse por encima de ella). Y la ley establece exactamente lo que el Papa demandó.
A continuación, el secretario Moraleda lleva hasta sus últimas consecuencias esa mezcla de avilantez y pensamiento mameluco que ya habíamos detectado en su apología del programa (que es el catecismo al que se aferran quienes prefieren ignorar la ley): «El Ejecutivo garantiza a todos aquellos niños que quieran estudiar religión que lo hagan, pero nunca lo impondría a aquellos que no lo quieran; como nunca impondremos a los ciudadanos una guerra que no quieren ni un estado de las autonomías que no desean, y por eso dejamos que se expresen y decimos que este es el Gobierno de los ciudadanos». Dejaremos aparte la caspa retórica que infesta el segundo período de la oración: ese batiburrillo de clase de religión, guerra y estado de las autonomías denota una empanada mental importante, amén de una propensión demagógica con densidad de mugre. Pero, centrándonos en el primer período, ¿podría explicarnos el secretario Moraleda a quién desea intoxicar? ¿Acaso la Iglesia pretende que se imponga la enseñanza de la religión a los niños que no la quieren? ¿En qué catecismo o programa de mendacidad ha aprendido el secretario Moraleda su oficio?
Las declaraciones a la prensa de Francisco Vázquez, nuevo embajador español ante la Santa Sede, no han podido ser más pintureras; pero quizá estuviese probando la cuadratura del círculo, intentando a la vez satisfacer a quien lo envía de emisario y no contrariar sus convicciones religiosas. Vázquez, que ha leído el Evangelio, sabe cuán difícil es servir a dos amos. Más desafortunada se me antojó la mención específica que el nuevo embajador hizo al papel que la Iglesia podría desempeñar en el proceso abierto tras el llamado «alto el fuego permanente» de los asesinos etarras. Utilizar las palabras de Benedicto XVI con fines partidistas me parece una imprudencia indigna de un diplomático, sobre todo si se confiesa tan rendidamente católico.Pero no eran las incontinencias de Vázquez las que quería glosar aquí, sino las muy taimadas necedades con que Fernando Moraleda, convertido en secretario de Estado de Intoxicación, respondió al breve discurso que Benedicto XVI había pronunciado ante el nuevo embajador. Descubrimos en ellas esa mezcla estragadora de malicia, bravuconería, tergiversación y argumentos cefalópodos que vienen caracterizando los mensajes que el Gobierno español lanza a las jerarquías eclesiásticas. Así, por ejemplo, el secretario Moraleda afirmó que «carece de sentido que el Estado financie a la Iglesia, porque la Constitución Española recoge que el Estado español es aconfesional»; se le olvidó, en cambio, añadir que también recoge que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica». Se había referido el Papa en su discurso -citando tácitamente el artículo 27 de nuestra Constitución- al «derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación acorde con sus propios valores y creencias, sin discriminación ni exclusión explícita o encubierta»; y había recordado también que la enseñanza de la religión católica debe impartirse «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales», tal como lo establece el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre materia educativa.
El secretario Moraleda, ante la intachable y muy sucinta exposición jurídica del Papa, se sale por peteneras y aduce que el Gobierno «tiene que atender un programa y no puede atender el catecismo». Se le olvidó añadir que, antes que un catecismo o un programa, el Gobierno tiene que atender la ley, bajo cuyo imperio se halla mientras no se demuestre lo contrario (aunque no falten los indicios de que ya ha empezado a situarse por encima de ella). Y la ley establece exactamente lo que el Papa demandó.
A continuación, el secretario Moraleda lleva hasta sus últimas consecuencias esa mezcla de avilantez y pensamiento mameluco que ya habíamos detectado en su apología del programa (que es el catecismo al que se aferran quienes prefieren ignorar la ley): «El Ejecutivo garantiza a todos aquellos niños que quieran estudiar religión que lo hagan, pero nunca lo impondría a aquellos que no lo quieran; como nunca impondremos a los ciudadanos una guerra que no quieren ni un estado de las autonomías que no desean, y por eso dejamos que se expresen y decimos que este es el Gobierno de los ciudadanos». Dejaremos aparte la caspa retórica que infesta el segundo período de la oración: ese batiburrillo de clase de religión, guerra y estado de las autonomías denota una empanada mental importante, amén de una propensión demagógica con densidad de mugre. Pero, centrándonos en el primer período, ¿podría explicarnos el secretario Moraleda a quién desea intoxicar? ¿Acaso la Iglesia pretende que se imponga la enseñanza de la religión a los niños que no la quieren? ¿En qué catecismo o programa de mendacidad ha aprendido el secretario Moraleda su oficio?
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