Malestar, ante la posible regulación de la objeción de conciencia
Por María Martínez López. Alfa y Omega Nº 591 / 1-V-2008
Antes de liberalizar aún más el aborto, es necesario anular, o limitar lo más posible, la oposición de los médicos. En este sentido van las medidas y propuestas del PSOE, del tripartito catalán y del BNG, recibidas con inquietud por los profesionales de la salud
«Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que «se pueda obligar a los médicos a practicar la profesión en contra de sus convicciones», afirma, tajante, don Rogelio Altisent, Presidente de la Comisión Central de Deontología, del Consejo General de Colegios de Médicos. No ha sido el único que ha interpretado el programa electoral del PSOE, en el que se mencionaba la «regulación de la objeción de conciencia en las prestaciones sanitarias, y especialmente en las IVE» -abortos-, como un intento de limitar la libertad de conciencia. También el doctor Arcadi de Arquer, coordinador de los ginecólogos pertenecientes a Médicos Cristianos de Cataluña, afirma que «hay una presión política sobre los ginecólogos para que practiquen abortos».
Lee el artículo completo
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña acaba de anunciar una serie de medidas destinadas a que se practiquen más abortos en los hospitales públicos. Entre ellas, está que los médicos no puedan objetar si hay peligro para la madre. En la misma línea, el BNG ha vuelto a presentar en el Congreso de los Diputados la proposición de ley orgánica sobre el aborto que ya intentó promover en 2004, y en la que sustituye la objeción de conciencia por una reserva de no participación que se habrá de presentar «por escrito ante la autoridad competente y por razones debidamente justificadas», pues, en caso contrario, el médico que no practique un aborto incurriría en un delito de denegación de auxilio. El lobby abortista ya ha preparado el ambiente, acusando a los médicos objetores de practicar luego abortos en clínicas privadas. El señor Altisent, que coincide en que eso sería una falta gravísima, asegura que no ha tenido noticia de ningún caso, y que quien habla de ello debería denunciarlo ante los colegios profesionales.
Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la objeción está incluida en la libertad de conciencia, y, al ser un derecho fundamental, es de aplicación directa y no necesita ser regulada. José Antonio Díez, Secretario de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), cree que «toda regulación equivaldría a limitarlo. Una vez que se regula, o entras dentro de los supuestos regulados, o quedas desprotegido». Es importante recordar, además, que el aborto implican no sólo a médicos, sino a enfermeros, auxiliares, etc. Se podría dar el caso de que se reconociera la objeción sólo en algunos casos, o sólo para el aborto en sí, pero no para otras intervenciones necesarias para él. Por otra parte, un registro público obligaría a los objetores a declarar sobre sus creencias, algo contrario al artículo 16.2 de la Constitución.
Riesgo de represalias
Otro problema es el riesgo potencial de discriminación. El doctor De Arquer afirma que, habitualmente, «no hay problemas ni represalias» contra los objetores, pero que, al aumentar la presión, «están por venir». En un servicio médico, la discriminación y la presión pueden tener varias formas: actitudes y comentarios, adjudicación de guardias nocturnas y los peores horarios, limitaciones a la promoción…, todas ellas difícilmente demostrables, salvo que sean muy evidentes -explica el señor Díez-, quien añade que el principal problema lo pueden tener los residentes, «que no están en condiciones de plantar cara».
Las dificultades se agudizarían -prevé Díez- si la regulación de la objeción de conciencia acompañara a otras reformas para extender el aborto. Con la ley de supuestos actual -señala-, un médico no suele tener que apelar a su conciencia para no realizar abortos: basta una objeción de legalidad y de ciencia, dado que, en España, la mayoría de los abortos se amparan en un supuesto peligro para la salud de la madre, que casi nunca se justifica debidamente. No obstante, tanto desde ANDOC como desde la Organización Médica Colegial (OMC), se recomienda que el médico que quiera objetar al aborto lo comunique a la dirección de su servicio -Díez recomienda una carta oficial por escrito, que requiera contestación-, para anticiparse a los problemas de organización que pudieran surgir. El señor Altisent aclara, además, que esta información sobre los objetores debe quedarse en el nivel más bajo posible, y que no tiene por qué pasar a la Consejería de Sanidad o al Ministerio. Recomienda también que se comunique al Colegio de Médicos. Ambos organismos han anunciado que lucharán contra cualquier intento de limitar la objeción de conciencia.
Mejor censar a los que sí quieren el aborto
Los reparos de los médicos al aborto son un obstáculo a su práctica en los centros públicos de muchos países. El 70% de los ginecólogos italianos -hasta el 85% en algunas regiones- se oponen al aborto, un 10% más que hace cinco años, algo que se ha asociado a la disminución de los abortos en este país. En Canadá, algunos abortistas han pedido que se elimine la objeción de conciencia, ya que sólo el 15% de los hospitales -y va a menos- practican abortos. Otro ejemplo es Inglaterra, donde, ante la escasez de médicos, los partidarios del aborto quieren que deje de ser necesaria la firma de dos facultativos y que lo puedan practicar las comadronas... El doctor Arcadi de Arquer explica que, «en los hospitales públicos, una gran mayoría de los ginecólogos no quiere practicar abortos. Básicamente, es un problema de conciencia. Los pocos que sí están dispuestos a hacerlo, evidentemente, no quieren salirse de los márgenes de la ley». Todo esto hace a don Rogelio Altisent, de la Organización Médica Colegial, sugerir, medio en broma medio en serio, que «compensa más hacer un registro de quiénes están dispuestos a realizar abortos».
Por María Martínez López. Alfa y Omega Nº 591 / 1-V-2008
Antes de liberalizar aún más el aborto, es necesario anular, o limitar lo más posible, la oposición de los médicos. En este sentido van las medidas y propuestas del PSOE, del tripartito catalán y del BNG, recibidas con inquietud por los profesionales de la salud«Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que «se pueda obligar a los médicos a practicar la profesión en contra de sus convicciones», afirma, tajante, don Rogelio Altisent, Presidente de la Comisión Central de Deontología, del Consejo General de Colegios de Médicos. No ha sido el único que ha interpretado el programa electoral del PSOE, en el que se mencionaba la «regulación de la objeción de conciencia en las prestaciones sanitarias, y especialmente en las IVE» -abortos-, como un intento de limitar la libertad de conciencia. También el doctor Arcadi de Arquer, coordinador de los ginecólogos pertenecientes a Médicos Cristianos de Cataluña, afirma que «hay una presión política sobre los ginecólogos para que practiquen abortos».
Lee el artículo completo
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña acaba de anunciar una serie de medidas destinadas a que se practiquen más abortos en los hospitales públicos. Entre ellas, está que los médicos no puedan objetar si hay peligro para la madre. En la misma línea, el BNG ha vuelto a presentar en el Congreso de los Diputados la proposición de ley orgánica sobre el aborto que ya intentó promover en 2004, y en la que sustituye la objeción de conciencia por una reserva de no participación que se habrá de presentar «por escrito ante la autoridad competente y por razones debidamente justificadas», pues, en caso contrario, el médico que no practique un aborto incurriría en un delito de denegación de auxilio. El lobby abortista ya ha preparado el ambiente, acusando a los médicos objetores de practicar luego abortos en clínicas privadas. El señor Altisent, que coincide en que eso sería una falta gravísima, asegura que no ha tenido noticia de ningún caso, y que quien habla de ello debería denunciarlo ante los colegios profesionales.
Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la objeción está incluida en la libertad de conciencia, y, al ser un derecho fundamental, es de aplicación directa y no necesita ser regulada. José Antonio Díez, Secretario de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), cree que «toda regulación equivaldría a limitarlo. Una vez que se regula, o entras dentro de los supuestos regulados, o quedas desprotegido». Es importante recordar, además, que el aborto implican no sólo a médicos, sino a enfermeros, auxiliares, etc. Se podría dar el caso de que se reconociera la objeción sólo en algunos casos, o sólo para el aborto en sí, pero no para otras intervenciones necesarias para él. Por otra parte, un registro público obligaría a los objetores a declarar sobre sus creencias, algo contrario al artículo 16.2 de la Constitución.
Riesgo de represalias
Otro problema es el riesgo potencial de discriminación. El doctor De Arquer afirma que, habitualmente, «no hay problemas ni represalias» contra los objetores, pero que, al aumentar la presión, «están por venir». En un servicio médico, la discriminación y la presión pueden tener varias formas: actitudes y comentarios, adjudicación de guardias nocturnas y los peores horarios, limitaciones a la promoción…, todas ellas difícilmente demostrables, salvo que sean muy evidentes -explica el señor Díez-, quien añade que el principal problema lo pueden tener los residentes, «que no están en condiciones de plantar cara».
Las dificultades se agudizarían -prevé Díez- si la regulación de la objeción de conciencia acompañara a otras reformas para extender el aborto. Con la ley de supuestos actual -señala-, un médico no suele tener que apelar a su conciencia para no realizar abortos: basta una objeción de legalidad y de ciencia, dado que, en España, la mayoría de los abortos se amparan en un supuesto peligro para la salud de la madre, que casi nunca se justifica debidamente. No obstante, tanto desde ANDOC como desde la Organización Médica Colegial (OMC), se recomienda que el médico que quiera objetar al aborto lo comunique a la dirección de su servicio -Díez recomienda una carta oficial por escrito, que requiera contestación-, para anticiparse a los problemas de organización que pudieran surgir. El señor Altisent aclara, además, que esta información sobre los objetores debe quedarse en el nivel más bajo posible, y que no tiene por qué pasar a la Consejería de Sanidad o al Ministerio. Recomienda también que se comunique al Colegio de Médicos. Ambos organismos han anunciado que lucharán contra cualquier intento de limitar la objeción de conciencia.
Mejor censar a los que sí quieren el aborto
Los reparos de los médicos al aborto son un obstáculo a su práctica en los centros públicos de muchos países. El 70% de los ginecólogos italianos -hasta el 85% en algunas regiones- se oponen al aborto, un 10% más que hace cinco años, algo que se ha asociado a la disminución de los abortos en este país. En Canadá, algunos abortistas han pedido que se elimine la objeción de conciencia, ya que sólo el 15% de los hospitales -y va a menos- practican abortos. Otro ejemplo es Inglaterra, donde, ante la escasez de médicos, los partidarios del aborto quieren que deje de ser necesaria la firma de dos facultativos y que lo puedan practicar las comadronas... El doctor Arcadi de Arquer explica que, «en los hospitales públicos, una gran mayoría de los ginecólogos no quiere practicar abortos. Básicamente, es un problema de conciencia. Los pocos que sí están dispuestos a hacerlo, evidentemente, no quieren salirse de los márgenes de la ley». Todo esto hace a don Rogelio Altisent, de la Organización Médica Colegial, sugerir, medio en broma medio en serio, que «compensa más hacer un registro de quiénes están dispuestos a realizar abortos».
Comentarios