Al final, nos engañan, unos y otros nos engañan, mucho hablar de democracia, de soberanía popular, de mandato de los ciudadanos, para luego encerrarse dos o tres en un cenáculo y alumbrar una nueva era, dar dos o tres toquecillos cosméticos para tranquilizar conciencias y a vivir que son dos días.
El proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña -mi patria chica-, tiene gato encerrado en su título uno, y mi admirado De Prada lo desvela maravillosamente en esta "carta" al supuesto defensor de la dignidad humana en este proceso.
Y para que se vea que no es manía centralista y españolista rancia y cavernícola, os invito a visitar e-cristians.net, un portal genuinamente catalán.
JUAN MANUEL DE PRADA en ABC del 20 de Febrero
ANTICIPARÉ que Duran i Lleida merece mi más sincero respeto. Más allá de las legítimas opciones políticas que defiende (discutibles como cualesquiera otras), debemos resaltar que su acción siempre ha estado inspirada por un pensamiento de inequívoca raíz cristiana. Se me antojan deleznables ciertas campañas mediáticas manipuladoras que, sirviéndose del rechazo que las posiciones políticas del señor Duran inspiran en sectores de la opinión pública, han tratado de pintarlo como un dimisionario de sus principios, casi como un apóstata capaz de brindar su plácet al aborto y la eutanasia con tal de pillar cacho en el proceso estatutario catalán. Convendría que, desoyendo las tergiversaciones de pescadores en río revuelto, el ciudadano preocupado por estos asuntos deslindara la opinión que le merecen las
opciones políticas del señor Duran -y de la formación que preside- de sus posturas en asuntos de índole moral y social, dictadas por los principios del humanismo cristiano. De este modo, por ejemplo, el ciudadano descubriría que, si la reforma educativa impulsada por el Gobierno no ha desmantelado la escuela católica, se debe, en no escasa medida, a los desvelos del Presidente de Unión Democrática de Cataluña.
En un artículo publicado ayer en este periódico, Duran i Lleida trataba de refutar tácitamente algunas de estas falsas atribuciones que circulan sobre su persona, a la vez que vindicaba las enmiendas introducidas por CiU en la redacción del Título Primero del proyectado Estatuto catalán. Dicho título, dedicado a enunciar los derechos y deberes de los ciudadanos catalanes, merece la descalificación de Duran, que lo tilda de inane y redundante, por abundar en el reconocimiento de derechos inherentes a la condición humana o derivados de la propia naturaleza del sistema democrático. Después de aclarar que dicho título no consagra un régimen de derechos distinto al constitucional (merced, señala, a las precisiones incorporadas por CiU),
trata Duran de negar que reconozca unos hipotéticos derechos al aborto o a la eutanasia. Aquí Duran se lanza a un ejercicio de funambulismo dialéctico no del todo convincente; pues, si bien es cierto que las enmiendas introducidas por CiU en la redacción de los artículos 20 y 41 del Estatuto impiden el ejercicio indiscriminado de estas prácticas criminales (y, como tales, reguladas por nuestro Código Penal), la mera alusión implícita a las mismas en un contexto de reconocimiento de derechos desvirtúa radicalmente su naturaleza jurídica. Prueba inequívoca de esta desvirtuación es que el propósito originario del señor Duran hubiese sido eliminar dichos artículos de la redacción final del Estatuto. Así, el aborto, que en la legislación española tiene consideración incuestionable de delito contra la vida, del
cual se excepcionan tres supuestos específicos (excepciones que, en puridad, deberían interpretarse en un sentido restrictivo, aunque se esté imponiendo,
en flagrante fraude de ley, un sentido laxo), se convierte en el Estatuto en un sedicente derecho derivado de la «salud reproductiva y sexual de la mujer» y meramente sometido al ámbito de su «libre decisión». Ciertamente, se ha intercalado un inciso que restringe la práctica del aborto a «los supuestos previstos en la ley»; pero esta especificación no logra contrarrestar la inversión de la naturaleza jurídica del aborto -de delito a derecho-, muy del gusto del relativismo rampante, que ampara el Estatuto catalán. Y algo similar podría predicarse de la eutanasia.
Creemos, señor Duran, que es realidad y no ficción esta peligrosísima inversión jurídica. Y creemos también que dicha inversión debe ser motivo de malestar y preocupación para un político que, como usted, siempre ha inspirado su actuación en presupuestos de honda raigambre cristiana.
El proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña -mi patria chica-, tiene gato encerrado en su título uno, y mi admirado De Prada lo desvela maravillosamente en esta "carta" al supuesto defensor de la dignidad humana en este proceso.
Y para que se vea que no es manía centralista y españolista rancia y cavernícola, os invito a visitar e-cristians.net, un portal genuinamente catalán.
JUAN MANUEL DE PRADA en ABC del 20 de Febrero
ANTICIPARÉ que Duran i Lleida merece mi más sincero respeto. Más allá de las legítimas opciones políticas que defiende (discutibles como cualesquiera otras), debemos resaltar que su acción siempre ha estado inspirada por un pensamiento de inequívoca raíz cristiana. Se me antojan deleznables ciertas campañas mediáticas manipuladoras que, sirviéndose del rechazo que las posiciones políticas del señor Duran inspiran en sectores de la opinión pública, han tratado de pintarlo como un dimisionario de sus principios, casi como un apóstata capaz de brindar su plácet al aborto y la eutanasia con tal de pillar cacho en el proceso estatutario catalán. Convendría que, desoyendo las tergiversaciones de pescadores en río revuelto, el ciudadano preocupado por estos asuntos deslindara la opinión que le merecen lasopciones políticas del señor Duran -y de la formación que preside- de sus posturas en asuntos de índole moral y social, dictadas por los principios del humanismo cristiano. De este modo, por ejemplo, el ciudadano descubriría que, si la reforma educativa impulsada por el Gobierno no ha desmantelado la escuela católica, se debe, en no escasa medida, a los desvelos del Presidente de Unión Democrática de Cataluña.
En un artículo publicado ayer en este periódico, Duran i Lleida trataba de refutar tácitamente algunas de estas falsas atribuciones que circulan sobre su persona, a la vez que vindicaba las enmiendas introducidas por CiU en la redacción del Título Primero del proyectado Estatuto catalán. Dicho título, dedicado a enunciar los derechos y deberes de los ciudadanos catalanes, merece la descalificación de Duran, que lo tilda de inane y redundante, por abundar en el reconocimiento de derechos inherentes a la condición humana o derivados de la propia naturaleza del sistema democrático. Después de aclarar que dicho título no consagra un régimen de derechos distinto al constitucional (merced, señala, a las precisiones incorporadas por CiU),
trata Duran de negar que reconozca unos hipotéticos derechos al aborto o a la eutanasia. Aquí Duran se lanza a un ejercicio de funambulismo dialéctico no del todo convincente; pues, si bien es cierto que las enmiendas introducidas por CiU en la redacción de los artículos 20 y 41 del Estatuto impiden el ejercicio indiscriminado de estas prácticas criminales (y, como tales, reguladas por nuestro Código Penal), la mera alusión implícita a las mismas en un contexto de reconocimiento de derechos desvirtúa radicalmente su naturaleza jurídica. Prueba inequívoca de esta desvirtuación es que el propósito originario del señor Duran hubiese sido eliminar dichos artículos de la redacción final del Estatuto. Así, el aborto, que en la legislación española tiene consideración incuestionable de delito contra la vida, del
cual se excepcionan tres supuestos específicos (excepciones que, en puridad, deberían interpretarse en un sentido restrictivo, aunque se esté imponiendo,
en flagrante fraude de ley, un sentido laxo), se convierte en el Estatuto en un sedicente derecho derivado de la «salud reproductiva y sexual de la mujer» y meramente sometido al ámbito de su «libre decisión». Ciertamente, se ha intercalado un inciso que restringe la práctica del aborto a «los supuestos previstos en la ley»; pero esta especificación no logra contrarrestar la inversión de la naturaleza jurídica del aborto -de delito a derecho-, muy del gusto del relativismo rampante, que ampara el Estatuto catalán. Y algo similar podría predicarse de la eutanasia.
Creemos, señor Duran, que es realidad y no ficción esta peligrosísima inversión jurídica. Y creemos también que dicha inversión debe ser motivo de malestar y preocupación para un político que, como usted, siempre ha inspirado su actuación en presupuestos de honda raigambre cristiana.
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