Por Juan Manuel DE PRADA/ ABC 28 de Marzo
MUCHO antes de entrar en guerra, el Tercer Reich desarrolló un plan para el asesinato de enfermos incurables denominado «Aktion T4». Se calcula que, cuando finalmente fue cancelado, varias decenas de miles de alemanes aquejados de enfermedades terminales habían sido entregados a las cámaras de gas. El programa de eutanasia de Hitler, que suele calificarse erróneamente de «prueba piloto» para los campos de exterminio masivo, estaba en realidad dictado por una actitud de índole «compasiva»: los jerarcas nazis consideraban que una vida estragada por el sufrimiento no merecía la pena ser vivida. Los promotores de «Aktion T4» desarrollaron, sin embargo, su trabajo en secreto, sabedores de que el Derecho les impedía disponer discrecionalmente de las vidas ajenas; cuando dichas prácticas fueron divulgadas, tuvieron que ser interrumpidas, pues resultaron demasiado «desagradables» para la opinión pública. Visto a la luz de nuestra época, el programa de eutanasia del Tercer Reich quizá siga resultando «desagradable», no tanto por su maldad intrínseca como por sus cifras industriales y sus métodos expeditivos. Pero en lo que verdaderamente importa -la suplantación del Derecho por un conglomerado de consideraciones presuntamente «piadosas»-, nuestra época ha llegado más lejos que el Tercer Reich: lo que los jerarcas nazis realizaban en secreto, por cuidar las apariencias, nuestra época lo perpetra a plena luz del día, orgullosa de su «altruismo». El caso de Terri Schiavo nos muestra la perversión rampante del Derecho que postula nuestra época. En los últimos años, el Derecho ha dejado de fundarse sobre conceptos inmanentes para apoyarse sobre un batiburrillo de conveniencias sociales e ideológicas dictadas por el oportunismo. Así, por ejemplo, si se considera que destruir la naturaleza de una institución jurídica puede reportar determinados réditos electorales, se procede a su destrucción y santas pascuas. Este entendimiento relativista (y, en el fondo, descarnadamente totalitario) del Derecho no afecta tan sólo a sus instituciones, sino también a sus principios rectores: así, el derecho a la igualdad puede ser interpretado ad absurdum para forzar una nueva configuración del matrimonio, pero al mismo tiempo puede ser derogado mediante la introducción de una «discriminación positiva» de tal o cual sexo. Cuando el Derecho es sometido a la pura conveniencia, la aberración jurídica campa por sus fueros; por supuesto, para justificar tales aberraciones, los destructores del Derecho invocan la sacrosanta corrección política, o bien un sucedáneo hipócrita de compasión. De este modo, le tapan la boca a los disidentes, que si todavía se atreven a balbucir algún reparo son automáticamente expulsados a las tinieblas exteriores.Uno tenía entendido que el presunto «derecho a la eutanasia» se fundaba sobre la voluntad del enfermo. Pero caminamos hacia una «eutanasia por decreto», donde la voluntad del enfermo es suplantada por su representante legal o por un juez que se arroga un poder decisorio sobre la vida y la muerte. Naturalmente, una vez infringida la noción misma de Derecho, se puede afirmar sin empacho que ofrecer bebida y alimentos a un enfermo es «mantener artificialmente» su vida (lo que legitimaría matar por inanición a tetrapléjicos, pacientes de alzheimer o niños recién nacidos con malformaciones), o aceptar como prueba irrefutable el testimonio de un familiar que se erige (sin que ningún documento o testigo lo acrediten) en sedicente depositario de la voluntad de la víctima. Puestos a matar por decreto, la técnica nazi se me antoja menos demoradamente cruel que la privación de bebida y alimentos; pero a los hipócritas que postulan el fin del Derecho no les gustan, al parecer, los métodos expeditivos.
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