
“María C. es una madre de Jaén que ha presentado objeción de conciencia en el Instituto de Enseñanza Secundaria para que su hijo no curse la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC) en 3º de ESO. El primer día de clase, el jefe de estudios le llamó y le dijo que si su hijo no entraba a clase de EPC ella tendría que ir a buscarlo porque en el centro no podía permanecer. Ante la firme postura de María, defendiendo su derecho a objetar, el chico permaneció en el pasillo mientras la Junta de Andalucía acosaba a la madre solicitándole que acreditara “la representación legal de su hijo”, detalle tragicómico si consideramos que el chico
En Barcelona, un grupo de padres ha recibido notificación de la Generalidad “desestimando” sus escritos de objeción de conciencia; el gobierno catalán se arrogaba así un poder absoluto que no tiene porque la libertad de conciencia es un derecho constitucional y no depende de ninguna otra instancia. La Generalidad, al igual que la Junta de Andalucía y el propio Gobierno de España, ya ha advertido que los alumnos cuyos padres han objetado frente a EPC “serán suspendidos”.
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