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Algunos mitos sobre el dinero de la Iglesia en España

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El español medio no tiene una gran cultura económica y es fácil hablar de dinero dando la sensación de que "hay algo turbio". Es bueno aclarar algunos mitos.

Queremos comentar aquí algunas ideas que circulan últimamente sobre la economía de la Iglesia en España y más en concreto sobre su relación con el Estado. No hablaremos de las cuentas de la Santa Sede ni de la Iglesia en otros países, excepto por comparación.

MITO 1: La Iglesia es, económicamente, UNA gran entidad

Falso. Jurídica y administrativamente, la Iglesia católica no es UNA entidad. Son -textualmente- 40.000 entidades distintas, sólo en España. Son parroquias, órdenes, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis... Cada una tiene su propio estatuto económico, cada una lleva sus propias cuentas, según las leyes civiles vigentes y según el derecho canónico. El tesorero de un obispado no tiene nada que ver con el de una ONG católica o con el de una parroquia. Hablar de "el dinero de la Iglesia" es como hablar de "el dinero de la sociedad civil": se refiere a muchas entidades distintas y de muy diversas funciones.

MITO 2: En España, el Estado subvenciona a la Iglesia.

Falso. Son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la famosa "crucecita" del IRPF. El Estado no da ese dinero, lo dan los ciudadanos. El Estado lo único que hace es ayudar a recaudarlo.

MITO 3: El "sistema alemán" de financiación de la Iglesia es una alternativa que propone el Gobierno

Ojalá. El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, propuso hace unos meses recurrir a un sistema "similar al alemán", que según él es un "impuesto religioso voluntario y adicional" donde el Estado haría de mero recaudador. En realidad, en Alemania, cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9% sobre lo que paga a Hacienda (un 8% en Baviera y Baden-Wutenberg).

La administración alemana se queda entre un 2 y un 4,5% de comisión según el land. Sólo se libran de pagar aquellos que renuncian a su fe mediante declaración de apostasía. Así, en el 2003, la Iglesia católica de Alemania, la más rica de Europa, ingresó, por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros. ¡Compárese el contraste con los 141 millones que recibirá la Iglesia española por la "crucecita" del IRPF este año 2005! Sería muy extraño, realmente, que el Gobierno implantase este sistema en España.

MITO 4: "Lo de las expropiaciones es cosa del pasado"

En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales. Cuando al Estado le falta dinero, confisca cosas a la Iglesia. Empezó en 1768 (Reforma de Olavide), cuando se expulsó a los jesuitas y se confiscaron sus tierras. Justo antes de la Guerra de Independencia (desamortización de Godoy) se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales.

En 1808 era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien confiscaba bienes eclesiales. En 1823 fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y conventos. De 1834 a 1854 la famosa desamortización de Mendizábal confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. En 1855 la Ley Pascual Madoz fue la confiscación más completa de bienes del clero, tanto regular como secular. Estas confiscaciones enriquecieron sobre todo a la burguesía urbana y rural.

Hoy, más eficaz que expropiar es amenazar una y otra vez a la Iglesia con dificultar su financiación. El 4 de mayo de 2004 el ministro de Justicia, Juan-Fernando López Aguilar ya declaró que el Gobierno quiero revisar la financiación de la Iglesia y reformar los Acuerdos de 1979, entre la Santa Sede y el Estado. El 22 de julio era el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien anunciaba que la financiación de la Iglesia "tendrá que acabarse algún día".

Pero aún así hoy, en pleno siglo XXI, la tradición de expropiar se mantiene viva. El 27 de diciembre de 2004, uno de los portavoces del tripartito catalán, Joan Boada (IC-V-EUA) pedía en el DIARI DE GIRONA "una confiscación y posterior socialización de los bienes de la Iglesia". En mayo de 2002, el arquitecto Oriol Bohigas, ex-concejal y actual asesor del alcalde socialista de Barcelona, pedía "que la Sagrada Familia sea el vestíbulo de la estación del Tren de Alta Velocidad".

Una víctima preferencial son los conventos de monjas carmelitas: en el 2003 el Ayuntamiento de Córdoba (IU) quería expropiar un huerto a un convento carmelita, pero 40.000 firmas y una oleada de e-mails pararon la medida. Lo mismo intentó el ayuntamiento socialista de León en el 2004 con sus carmelitas descalzas, con la consiguiente oleada de quejas ciudadanas. En Esplugues (Barcelona), el Ayuntamiento socialista este año 2005 acosaba con deshaucios y expropiaciones a un monasterio de dominicas aunque la presión ciudadana ha bloqueado el proceso por ahora.

El dinero que maneja la Iglesia no es una gestión en singular, sino muchas.

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