Por JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVESIDAD COMPLUTENSE
ABC, 23 de septiembre de 2005
LA legislatura de California aprobó, el 6 de septiembre, una ley que permitirá el matrimonio homosexual, al definir el matrimonio como una unión entre «dos personas», y no entre hombre y mujer. La actitud de la Asamblea Legislativa californiana -dominada por el Partido Demócrata- viene así a unirse a la reciente experiencia canadiense y española. Es una buena noticia para quienes contemplan el matrimonio desde la estricta perspectiva de un derecho individual más que como una institución vertebradora de una familia en el sentido tradicional del término. Pero es también una sorprendente noticia para los ciudadanos californianos, que en un referéndum de marzo de 2000, por mayoría del 61,4 por ciento, aprobaron una reforma del Código de Familia según la cual sólo podía celebrarse o reconocerse válidamente «el matrimonio entre un hombre y una mujer». De ahí que el gobernador Schwarzenegger haya anunciado que, por respeto a la voluntad de los ciudadanos, vetará la ley recién aprobada (el estrecho margen por el que fue aprobada la ley le permite hacerlo). «No podemos tener -declaraba su portavoz- un sistema en el que el pueblo vota y la legislatura actúa contra ese voto»...
Para sus valedores, la eliminación de la heterosexualidad significa un paso más en la apertura hacia nuevas formas de matrimonio, basadas en una privatización de su contenido jurídico, como una consecuencia que derivaría de su consideración estrictamente como derecho individual. En esa línea se inscriben también otras políticas matrimoniales, como las de agilizar al máximo el procedimiento de divorcio. La unión en sí misma, y la tutela jurídica de su estabilidad, pierde consistencia a ojos del legislador, quien tiende a prestar atención sólo a los deberes derivados de la eventual paternidad, los cuales existirían con o sin el matrimonio.
No ha de extrañar, por otro lado, que ahora se reclame el matrimonio homosexual, pues hace ya más de medio siglo que viene produciéndose un proceso de privatización a ultranza del matrimonio, así como una clara apuesta por su fácil disolución que otorga a la voluntad unilateral de los cónyuges un mayor grado de eficacia que en otros contratos. Tampoco ha de extrañar que ese itinerario de privatización y de apertura hacia nuevos modelos no se detenga aquí. Si se aceptan esos principios, el resultado lógico sería un matrimonio a la carta. Lo cual incluiría la posibilidad de la poligamia -tanto masculina como femenina-, que no es más contraria a la concepción tradicional de matrimonio que la ruptura de la heterosexualidad (en todo caso menos). Y eliminaría el tradicional rechazo del incesto: irrelevantes ya los argumentos morales en el contexto actual, los argumentos eugenésicos han perdido toda su fuerza frente a eficientes sistemas contraceptivos y a una política liberal en materia de aborto. Ese potencial desarrollo futuro de los principios desde los que se preconiza el matrimonio homosexual debería mover a reflexión acerca de si el estricto individualismo es el fundamento más adecuado para redefinir una realidad, el matrimonio, que se ha juzgado esencial, universalmente, para el buen funcionamiento de una sociedad. En efecto, los modelos de matrimonio y familia muestran notables variaciones históricas y geográficas, pero con una constante: se los ha considerado instituciones que trascienden el interés meramente individual, por legítimo que sea.
Por otra parte, hay algunas cosas en el presente debate político y mediático sobre el matrimonio que no se comprenden bien. Especialmente dos.
Primero, este proceso de transformación radical del modelo legal de matrimonio y de familia -que termina por influir poderosamente en las costumbres y la ética sociales- se ha ido llevando a cabo fragmentadamente, y a menudo precipitadamente. No se ha propiciado, y a veces ni siquiera se ha permitido, un serio debate intelectual, social o político. Podrá discutirse si el modelo tradicional de familia es de verdad inmutable, o bien si es posible sugerir una metamorfosis integral de ese modelo (o su extinción). Pero no parece adecuado transformar lo que ha sido uno de los pilares de nuestro tipo de sociedad sin abordar los problemas que su radical privatización puede plantear -y los que de hecho lleva planteando desde hace años- con cierta calma y profundidad. Y también con real libertad de expresión, nada fácil en un clima de «discusión» mediática que tiende a estigmatizar, y a descalificar, a quienes se atreven a mantener posiciones diferentes (paradójicamente, tachándolos de dogmáticos y reaccionarios: se supone que lo más dogmático es no tolerar la opinión contraria a la propia).
En segundo lugar, sorprende que la autonomía de la voluntad suela invocarse como argumento sólo a favor de la laxitud de las reglas aplicables al matrimonio, pero no en sentido opuesto. Quiero decir que el mismo principio debería aplicarse a aquellas personas que libremente decidan someter su matrimonio, y su proceso disolutorio, a un régimen más estricto. La opción por privatizar la regulación jurídica del matrimonio -el matrimonio «a la carta»- implica también la posibilidad de que, en virtud de su autonomía contractual, los contrayentes pacten un esquema matrimonial parecido al del matrimonio tradicional. Es lo que se ha tratado de hacer, en muchos estados norteamericanos, con la figura del covenant marriage, recurriendo a las reglas básicas del derecho de contratos.
No estoy seguro de que el actual proceso de transformación jurídica del matrimonio en algunas sociedades occidentales tenga marcha atrás en el futuro inmediato. Pero sí tengo claro que los mismos principios en que se basa -parezcan o no legítimos- permiten el afianzamiento de posiciones favorables al matrimonio-institución. Es algo que no deberían olvidar sus partidarios, y especialmente las iglesias, que son las que principalmente mantienen hoy la necesidad de retornar a una noción de familia centrada en el matrimonio, y a una noción de matrimonio que responda al diseño que ha sido predominante en Occidente durante siglos. Quizá tendrían que apostar por la vía de la responsabilidad social de los ciudadanos más que por la vía de una imposición legal que de momento resulta poco probable. En vez de seguir una estrategia de no contaminación con un sistema jurídico matrimonial que se considera inaceptable, se trataría de utilizar el principio de autonomía de la voluntad para reclamar el derecho a regular la propia vida matrimonial del modo que uno considere más conveniente.
ABC, 23 de septiembre de 2005
LA legislatura de California aprobó, el 6 de septiembre, una ley que permitirá el matrimonio homosexual, al definir el matrimonio como una unión entre «dos personas», y no entre hombre y mujer. La actitud de la Asamblea Legislativa californiana -dominada por el Partido Demócrata- viene así a unirse a la reciente experiencia canadiense y española. Es una buena noticia para quienes contemplan el matrimonio desde la estricta perspectiva de un derecho individual más que como una institución vertebradora de una familia en el sentido tradicional del término. Pero es también una sorprendente noticia para los ciudadanos californianos, que en un referéndum de marzo de 2000, por mayoría del 61,4 por ciento, aprobaron una reforma del Código de Familia según la cual sólo podía celebrarse o reconocerse válidamente «el matrimonio entre un hombre y una mujer». De ahí que el gobernador Schwarzenegger haya anunciado que, por respeto a la voluntad de los ciudadanos, vetará la ley recién aprobada (el estrecho margen por el que fue aprobada la ley le permite hacerlo). «No podemos tener -declaraba su portavoz- un sistema en el que el pueblo vota y la legislatura actúa contra ese voto»...Para sus valedores, la eliminación de la heterosexualidad significa un paso más en la apertura hacia nuevas formas de matrimonio, basadas en una privatización de su contenido jurídico, como una consecuencia que derivaría de su consideración estrictamente como derecho individual. En esa línea se inscriben también otras políticas matrimoniales, como las de agilizar al máximo el procedimiento de divorcio. La unión en sí misma, y la tutela jurídica de su estabilidad, pierde consistencia a ojos del legislador, quien tiende a prestar atención sólo a los deberes derivados de la eventual paternidad, los cuales existirían con o sin el matrimonio.
No ha de extrañar, por otro lado, que ahora se reclame el matrimonio homosexual, pues hace ya más de medio siglo que viene produciéndose un proceso de privatización a ultranza del matrimonio, así como una clara apuesta por su fácil disolución que otorga a la voluntad unilateral de los cónyuges un mayor grado de eficacia que en otros contratos. Tampoco ha de extrañar que ese itinerario de privatización y de apertura hacia nuevos modelos no se detenga aquí. Si se aceptan esos principios, el resultado lógico sería un matrimonio a la carta. Lo cual incluiría la posibilidad de la poligamia -tanto masculina como femenina-, que no es más contraria a la concepción tradicional de matrimonio que la ruptura de la heterosexualidad (en todo caso menos). Y eliminaría el tradicional rechazo del incesto: irrelevantes ya los argumentos morales en el contexto actual, los argumentos eugenésicos han perdido toda su fuerza frente a eficientes sistemas contraceptivos y a una política liberal en materia de aborto. Ese potencial desarrollo futuro de los principios desde los que se preconiza el matrimonio homosexual debería mover a reflexión acerca de si el estricto individualismo es el fundamento más adecuado para redefinir una realidad, el matrimonio, que se ha juzgado esencial, universalmente, para el buen funcionamiento de una sociedad. En efecto, los modelos de matrimonio y familia muestran notables variaciones históricas y geográficas, pero con una constante: se los ha considerado instituciones que trascienden el interés meramente individual, por legítimo que sea.
Por otra parte, hay algunas cosas en el presente debate político y mediático sobre el matrimonio que no se comprenden bien. Especialmente dos.
Primero, este proceso de transformación radical del modelo legal de matrimonio y de familia -que termina por influir poderosamente en las costumbres y la ética sociales- se ha ido llevando a cabo fragmentadamente, y a menudo precipitadamente. No se ha propiciado, y a veces ni siquiera se ha permitido, un serio debate intelectual, social o político. Podrá discutirse si el modelo tradicional de familia es de verdad inmutable, o bien si es posible sugerir una metamorfosis integral de ese modelo (o su extinción). Pero no parece adecuado transformar lo que ha sido uno de los pilares de nuestro tipo de sociedad sin abordar los problemas que su radical privatización puede plantear -y los que de hecho lleva planteando desde hace años- con cierta calma y profundidad. Y también con real libertad de expresión, nada fácil en un clima de «discusión» mediática que tiende a estigmatizar, y a descalificar, a quienes se atreven a mantener posiciones diferentes (paradójicamente, tachándolos de dogmáticos y reaccionarios: se supone que lo más dogmático es no tolerar la opinión contraria a la propia).
En segundo lugar, sorprende que la autonomía de la voluntad suela invocarse como argumento sólo a favor de la laxitud de las reglas aplicables al matrimonio, pero no en sentido opuesto. Quiero decir que el mismo principio debería aplicarse a aquellas personas que libremente decidan someter su matrimonio, y su proceso disolutorio, a un régimen más estricto. La opción por privatizar la regulación jurídica del matrimonio -el matrimonio «a la carta»- implica también la posibilidad de que, en virtud de su autonomía contractual, los contrayentes pacten un esquema matrimonial parecido al del matrimonio tradicional. Es lo que se ha tratado de hacer, en muchos estados norteamericanos, con la figura del covenant marriage, recurriendo a las reglas básicas del derecho de contratos.
No estoy seguro de que el actual proceso de transformación jurídica del matrimonio en algunas sociedades occidentales tenga marcha atrás en el futuro inmediato. Pero sí tengo claro que los mismos principios en que se basa -parezcan o no legítimos- permiten el afianzamiento de posiciones favorables al matrimonio-institución. Es algo que no deberían olvidar sus partidarios, y especialmente las iglesias, que son las que principalmente mantienen hoy la necesidad de retornar a una noción de familia centrada en el matrimonio, y a una noción de matrimonio que responda al diseño que ha sido predominante en Occidente durante siglos. Quizá tendrían que apostar por la vía de la responsabilidad social de los ciudadanos más que por la vía de una imposición legal que de momento resulta poco probable. En vez de seguir una estrategia de no contaminación con un sistema jurídico matrimonial que se considera inaceptable, se trataría de utilizar el principio de autonomía de la voluntad para reclamar el derecho a regular la propia vida matrimonial del modo que uno considere más conveniente.
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