Articulo de Paco Sánchez, periodista y asesor de periódicos, sábado 25 de agosto de 2012
La sentencia del Tribunal Supremo sobre los conciertos económicos con colegios de enseñanza diferenciada (solo para chicos o solo para chicas) ha abierto un nuevo debate ideológico típicamente español: sin datos y acumulando clichés y prejuicios.
El Supremo se ha limitado, supongo, a interpretar la ley socialista del 2006. Nada dice contra la enseñanza diferenciada y, por supuesto, no la llama sexista ni franquista, como tampoco lo hacen los americanos, los alemanes o los ingleses, que disponen de oferta solo para chicos o solo para chicas incluso en el sistema público. En el fondo, el verdadero debate es otro, relacionado con la democracia misma.
La idea que subyace a la ley de 2006 responde al criterio, defendido ayer mismo en su columna por Roberto Blanco Valdés, que admite la existencia de la enseñanza diferenciada, la considera necesaria para el pluralismo, pero rechaza que se financie con dinero público. Es decir, si usted puede pagar dos veces la educación, adelante, elija lo que le plazca. Si usted prefiere para sus hijos la diferenciada, pero es pobre y no puede pagarla, aguántese: la ley rechaza su legítima opción plural, no porque resulte más cara (sería falso), sino porque la considera sospechosa o inadecuada. Usted mismo parece sospechoso por planteársela y precisa de tutela, pobre bobo, hasta que tenga dinero para ejercer su libertad.
La supremacía moral típica de los planteamientos ideologizados da lugar a leyes como esta, con una triste anemia democrática en su ADN: esa mentalidad por la que un gobierno le convierte en sospechoso y le obliga a pagar muy alto el precio de pensar diferente.
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| foto atarifa |
El Supremo se ha limitado, supongo, a interpretar la ley socialista del 2006. Nada dice contra la enseñanza diferenciada y, por supuesto, no la llama sexista ni franquista, como tampoco lo hacen los americanos, los alemanes o los ingleses, que disponen de oferta solo para chicos o solo para chicas incluso en el sistema público. En el fondo, el verdadero debate es otro, relacionado con la democracia misma.
La idea que subyace a la ley de 2006 responde al criterio, defendido ayer mismo en su columna por Roberto Blanco Valdés, que admite la existencia de la enseñanza diferenciada, la considera necesaria para el pluralismo, pero rechaza que se financie con dinero público. Es decir, si usted puede pagar dos veces la educación, adelante, elija lo que le plazca. Si usted prefiere para sus hijos la diferenciada, pero es pobre y no puede pagarla, aguántese: la ley rechaza su legítima opción plural, no porque resulte más cara (sería falso), sino porque la considera sospechosa o inadecuada. Usted mismo parece sospechoso por planteársela y precisa de tutela, pobre bobo, hasta que tenga dinero para ejercer su libertad.
La supremacía moral típica de los planteamientos ideologizados da lugar a leyes como esta, con una triste anemia democrática en su ADN: esa mentalidad por la que un gobierno le convierte en sospechoso y le obliga a pagar muy alto el precio de pensar diferente.
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