El caso de Morín, el "Doctor Aborto", ha destapado el apestoso crimen-negocio del aborto ilegal en España; destapado y, me temo, tapado, porque está por ver que se siga investigando y se detenga y condene a tantos otros como forman esta multinacional del crimen, porque Morín no es más que la punta del iceberg.Con la etiqueta Morín, puedes encontrar artículos y otras informaciones sobre este truculento caso, paradigma de lo que está sucediendo, desgraciadamente, en muchas clínicas de muchas ciudades españolas.
ABC, 3 de diciembre de 2007
JANOT GUIL. BARCELONA
La operación judicial realizada contra cuatro clínicas privadas de Barcelona acusadas de realizar abortos ilegales ha devuelto al primer plano de la actualidad el sucio negocio que muchos centros hacen con esta práctica médica.
Desde el pasado viernes, el máximo responsable de tres de estos centros y «cabecilla» de este trama organizada dedicada al aborto ilegal, el cirujano Carlos Morín, su esposa y una trabajadora de sus clínicas se encuentran en prisión provisional por orden de la juez que investiga el caso, la titular del juzgado de Instrucción número 33 de la capital catalana. Las otras tres personas -médicos- que también fueron detenidas el pasado lunes en la misma operación están en libertad bajo fianza.
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Sin embargo, el ya bautizable como «caso Morín», del que van filtrándose detalles, a cual más escabroso, por entre las rendijas del secreto de sumario impuesto, no es un caso único, desgraciadamente.
Como han denunciado muchas entidades, la legislación sobre el aborto en España tiene muchas grietas, además de un coladero en forma de boquete como es el supuesto que permite abortar si existe riesgo para la salud psíquica de la madre. Al amparo de este supuesto, no hay límite de semanas para la interrupción legal del embarazo, lo que propicia que se interrumpan gestaciones de hasta ocho meses o más tiempo, una instauración «de facto» del aborto libre que se registra exclusivamente en los centros privados y no en hospitales públicos, como demuestran las estadísticas.
Para acogerse al supuesto de riesgo para la salud psíquica de la embarazada, el expediente de la paciente debe incluir un informe hecho por un psiquiatra que certifique la existencia del citado riesgo. El problema es que dichos exámenes se convierten en trámites poco rigurosos alentados por el afán mercantilista de los responsables de las clínicas privadas, que llegan a cobrar entre 3.000 y 6.000 euros por este tipo de abortos.
En el caso de las clínicas ahora investigadas en Barcelona, ha trascendido que algunas de las clientas han declarado ante la Guardia Civil que en sus expedientes médicos se incluía el preceptivo informe psiquiátrico, pese a que ningún especialista de esta materia las había visitado.
Cabe señalar que a muchos se les revuelve la ética por el mero hecho de que las clínicas tengan psiquiatras a sueldo para hacer informes de cuyos resultados dependen los ingresos del centro, pero la ley no prohíbe explícitamente esta opción, «ergo», la consiente, y aquí empieza a abonarse un terreno lleno de suspicacias, cuando no de ilegalidades.
Siete meses de pesadilla
Da fe de ello Jaime Cañellas, un psiquiatra que tras trabajar siete meses, entre 2004 y 2005, en una clínica abortista de Gerona -que tiene también sedes en Barcelona y Palma de Mallorca, pero que no está vinculada a Morín- se fue horrorizado de lo que vio. La clínica le fichó mediante un contrato mercantil, él acudía a trabajar un día a la semana, dos horas, y cobraba 17 euros por cada informe que realizaba. A los tres meses, presenció tantas irregularidades que ya empezó a pensar en tomar la salida.
Según explicó a ABC, él, como el resto de psiquiatras a sueldo del centro, recibían coacciones y presiones de los propietarios de la clínica para que avalaran con sus informes los abortos. Incluso le ponían sobre la mesa un texto de informe «estandarizado» -«La mujer presenta un cuadro...»-, en el que sólo quedaba por poner el nombre de la paciente y su firma como especialista. «Yo me quejé. Les comenté que eran informes poco específicos. Pero a ellos sólo les importaba maximizar los beneficios», explica. De buenas a primeras, comenzó a recibir broncas de sus jefes por su «exceso» de celo profesional, que a veces se traducían en informes manuscritos que él añadía al texto fórmula, y por enviar a mujeres a casa tras disuadirlas de abortar. «Me gané la fama de disidente y cada vez me dejaban visitar a menos mujeres», afirma Cañellas, quien ilustra su queja con un ejemplo descorazonador.
«Algo podrás encontrar»
«Un día -relata- me vino una mujer embarazada de siete meses diciendo que quería abortar porque su marido la presionaba a que lo hiciera. La había sentenciado con un ultimátum: "O abortas o te dejo". La mujer no sufría ningún trastorno grave, más allá de su lógica preocupación, y le dije que lo meditara. Incluso le comenté si no sería mejor que dejara a su marido...». Finalmente, la mujer se marchó a casa y a Cañellas le cayó otra bronca. Uno de los propietarios de la clínica le espetó: «Ya que ha venido, apriétala para que aborte». Y a renglón seguido otras lindezas como «pues algo tiene qué tener la mujer» o «algo podrás encontrar, está deprimida».
Cañellas se fue de la clínica en 2005 mordiéndose la lengua, pero finalmente se decidió a explicar públicamente su caso en junio de 2006. Fue entonces cuando el Partido Social Europeo presentó ante la Guardia Civil un escrito en el que denunciaba, entre otras cosas, que habían llegado a su poder certificados de psiquiatras que trabajaban para la clínica donde había estado Cañellas firmados en blanco y sin el nombre del paciente. Uno de estos certificados llevaba la firma, falsificada, de Cañellas. El caso sigue sin esclarecerse.
A raíz de esta revelación, este psiquiatra estalló y denunció su historia. Lo hizo en algunos medios de comunicación, que no en los juzgados, porque no se ve capaz de enfrentarse cual «quijote» contra las clínicas y «porque las irregularidades que vio son muy difíciles de demostrar».
La Generalitat no vio nada
A la postre, sus críticas sí llegaron a oídos de la Generalitat, pero la respuesta que allí encontró fue aún más desalentadora. El pasado febrero, le citaron a declarar ante unos inspectores del Departamento de Salud, que le sometieron a un interrogatorio «como si yo fuera el culpable.». Luego, meses después, la Generalitat le respondió que habían inspeccionado la clínica y no habían hallado ninguna irregularidad.
Desengañado y rendido, Cañellas sigue ahora trabajando en su consultorio privado; ya ni se plantea volver a estar en una clínica abortista. Al menos, avista un futuro más esperanzador después de que lo sucedido con Morín haya abierto los ojos a muchos.
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