La maldad del aborto es tal que hasta sus defensores protestan por la difusión de imágenes.
Ignacio Sánchez Cámara en La Gaceta de los Negocios, 05/12/07
Vamos sabiendo los detalles del horror. Se usaban trituradoras de matadero industrial y los fetos eran expulsados por los desagües. Pero, conviene no engañarse, su principal responsable, en cuyas clínicas se llegaron a practicar abortos a niños de siete meses, ha sido imputado por falsificación de informes psiquiátricos, pues en España es legal asesinar a un embrión en cualquier momento de la gestación, ya que el supuesto de la salud de la madre carece de plazo. Es casi seguro que estamos sólo ante un caso horrible entre centenares.
Nuestra legislación en materia de aborto es muy defectuosa (si no estoy equivocado, radicalmente opuesta al orden moral) y además es vulnerada sistemáticamente; abuso que ella misma facilita. En contra de lo que suele, interesadamente, pretenderse, no existe en España un derecho a abortar. Nuestra legislación penal tipifica el aborto como delito y sólo exceptúa la aplicación de la pena (es decir, despenaliza, pero no existe un derecho a hacer todo lo que no está tipificado en el Código Penal) en tres supuestos.
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No creo que todas las anomalías congénitas del feto sean motivo para acabar con su vida, ni que sufrir una violación legitime para deshacerse de la criatura brutalmente concebida, pero puede estar justificado que el Derecho no establezca, en estos casos, la sanción penal. Es dudoso también que lo legitime el riesgo para la salud de la madre. Si el riesgo físico es grave, estaríamos ante un grave dilema de difícil evaluación. Pero, al incorporar el riesgo para la salud psíquica de la madre, la ley abre, de hecho, la puerta al aborto libre y sin plazos, sin más requisito que la existencia de un certificado psicológico.
Según informaciones fiables, el 97% de los abortos practicados en España se acoge a este supuesto. Tan flexible es el cajón de sastre (más bien, de desastre) legal que ya casi nadie se acuerda del supuesto socio-económico.
La maldad del aborto voluntario es tan patente que incluso sus defensores protestan por la publicación de imágenes e informaciones que se limitan a mostrar la realidad y recurren a la hipocresía y al eufemismo. Por lo demás, los males que se pretenden evitar, con un mal muchísimo más grave, son evitables: ayudas a las madres con problemas, adopciones, prevención de embarazos no deseados, entre otros medios. Además, pocas cosas hay tan lesivas para la salud psíquica de la mujer como la práctica del aborto voluntario.
Los promotores de esta forma de asesinato legal, travestido de derecho de la madre, ya han empezado a movilizarse para reclamar la reforma legislativa del aborto que establezca un sistema de plazos que acabe con la “inseguridad jurídica”; es decir, libertad para asesinar hasta un determinado momento de la gestión, matar pero con seguridad jurídica. Como no hay mal moral que no entrañe un asalto a la razón, el transcurso de un día convertiría el ejercicio de un derecho en un crimen. La unidad vital del cuerpo humano y, con ella, de la persona comienza con la concepción.
Todas las teorías que sitúan el comienzo en otro momento posterior, en el caso de que fueran correctas, no pueden impedir la conclusión de que, en cualquier caso, destruir el embrión es acabar con un proceso que, naturalmente, llevaría a la generación de una vida humana. Por ese camino se podría llegar a sostener que si, por ejemplo, la racionalidad o el uso del lenguaje son esenciales para que pueda hablarse de persona humana, cabría eliminar a todos los que carezcan del uso de razón o de la capacidad de hablar.
La admisión del aborto revela una de las mayores perversiones morales de nuestro tiempo. Nunca la legalización del crimen puede convertirse en una solución jurídica. El aborto que está provocado es una cotidiana barbarie silenciosa.
Ignacio Sánchez Cámara en La Gaceta de los Negocios, 05/12/07
Vamos sabiendo los detalles del horror. Se usaban trituradoras de matadero industrial y los fetos eran expulsados por los desagües. Pero, conviene no engañarse, su principal responsable, en cuyas clínicas se llegaron a practicar abortos a niños de siete meses, ha sido imputado por falsificación de informes psiquiátricos, pues en España es legal asesinar a un embrión en cualquier momento de la gestación, ya que el supuesto de la salud de la madre carece de plazo. Es casi seguro que estamos sólo ante un caso horrible entre centenares.Nuestra legislación en materia de aborto es muy defectuosa (si no estoy equivocado, radicalmente opuesta al orden moral) y además es vulnerada sistemáticamente; abuso que ella misma facilita. En contra de lo que suele, interesadamente, pretenderse, no existe en España un derecho a abortar. Nuestra legislación penal tipifica el aborto como delito y sólo exceptúa la aplicación de la pena (es decir, despenaliza, pero no existe un derecho a hacer todo lo que no está tipificado en el Código Penal) en tres supuestos.
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No creo que todas las anomalías congénitas del feto sean motivo para acabar con su vida, ni que sufrir una violación legitime para deshacerse de la criatura brutalmente concebida, pero puede estar justificado que el Derecho no establezca, en estos casos, la sanción penal. Es dudoso también que lo legitime el riesgo para la salud de la madre. Si el riesgo físico es grave, estaríamos ante un grave dilema de difícil evaluación. Pero, al incorporar el riesgo para la salud psíquica de la madre, la ley abre, de hecho, la puerta al aborto libre y sin plazos, sin más requisito que la existencia de un certificado psicológico.
Según informaciones fiables, el 97% de los abortos practicados en España se acoge a este supuesto. Tan flexible es el cajón de sastre (más bien, de desastre) legal que ya casi nadie se acuerda del supuesto socio-económico.
La maldad del aborto voluntario es tan patente que incluso sus defensores protestan por la publicación de imágenes e informaciones que se limitan a mostrar la realidad y recurren a la hipocresía y al eufemismo. Por lo demás, los males que se pretenden evitar, con un mal muchísimo más grave, son evitables: ayudas a las madres con problemas, adopciones, prevención de embarazos no deseados, entre otros medios. Además, pocas cosas hay tan lesivas para la salud psíquica de la mujer como la práctica del aborto voluntario.
Los promotores de esta forma de asesinato legal, travestido de derecho de la madre, ya han empezado a movilizarse para reclamar la reforma legislativa del aborto que establezca un sistema de plazos que acabe con la “inseguridad jurídica”; es decir, libertad para asesinar hasta un determinado momento de la gestión, matar pero con seguridad jurídica. Como no hay mal moral que no entrañe un asalto a la razón, el transcurso de un día convertiría el ejercicio de un derecho en un crimen. La unidad vital del cuerpo humano y, con ella, de la persona comienza con la concepción.
Todas las teorías que sitúan el comienzo en otro momento posterior, en el caso de que fueran correctas, no pueden impedir la conclusión de que, en cualquier caso, destruir el embrión es acabar con un proceso que, naturalmente, llevaría a la generación de una vida humana. Por ese camino se podría llegar a sostener que si, por ejemplo, la racionalidad o el uso del lenguaje son esenciales para que pueda hablarse de persona humana, cabría eliminar a todos los que carezcan del uso de razón o de la capacidad de hablar.
La admisión del aborto revela una de las mayores perversiones morales de nuestro tiempo. Nunca la legalización del crimen puede convertirse en una solución jurídica. El aborto que está provocado es una cotidiana barbarie silenciosa.
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