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«La sanidad pública descarga sobre la privada los abortos que no están claros»

Entrevista a Josep Miró Ardèvol, responsable de e-cristians, en ABC, 9 de diciembre de 2007.

Sostiene que sólo persigue el cumplimiento de la ley

TEXTO MARÍA JOSÉ FRANCO. FOTO YOLANDA CARDO

BARCELONA. -¿El «caso Morín» es sólo la punta del iceberg de la realidad sobre el aborto o la excepción a un buen cumplimiento general de la ley?
-Morín es un bloque grande del iceberg, pero aparte de sus clínicas, hay otras que incumplen la ley. La mayoría de las interrupciones del embarazo en España son ilegales, se hacen bajo el supuesto de enfermedad psíquica de la madre de manera poco clara.
-¿En qué se basa para hacer esa afirmación?
-Sobre todo en dos cuestiones estadísticas: el número de abortos que los centros públicos derivan hacia los privados, y la cantidad de mujeres que se acogen al mencionado supuesto. Hay que añadir que las estadísticas no reflejan el número real de abortos en España, puesto que no se sabe cuántos se practican al margen de la ley.
-¿Por qué acuden las mujeres a los centros privados?
-En la sanidad pública sólo se hace el tres por ciento de los abortos, y casi todos por el supuesto de malformaciones en el feto. La leyenda urbana dice que se debe a la objeción de conciencia de los médicos. Radicalmente falso. No puede haber en los hospitales públicos tanta concentración de médicos con conciencia antiabortista.
-¿Cuál cree que es la razón, entonces?
-Hay algo común en todas las comunidades autónomas, y es que la sanidad pública sólo hace los abortos que claramente se ajustan a la ley. Así, se descargan de los problemas legales que pudieran surgir, y quedan para el sistema privado, que además recibe subvenciones, los casos dudosos. Hay un fraude de ley generalizado.
-Santiago Barambio, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que agrupa a 30 centros de España, ha amenazado con un plante porque, tras estallar el «caso Morín», se sienten acosados por los grupos católicos, incluido el que usted dirige, y denuncian también el silencio de los políticos. Afirma que siempre están bajo sospecha.
-¿Acoso? Si es acoso pedir que se cumpla la ley... Lo que perseguimos es que se restituya el imperio de la ley. Se precipita al decir eso, todavía no hay acoso. Si hacen un plante y dejan de hacer abortos un tiempo, nosotros lo celebraremos y sus cuentas corrientes sufrirán.
-E-Cristians ha pedido a la Consejería de Salud que haga más inspecciones a las clínicas de la ACAI, porque creen que «hay indicios racionales de posibles abortos ilegales». Que, por cierto, Geli ya ha respondido que no las hará.
-Los políticos los han encubierto hasta ahora, y cuando Geli dice que no quiere revisar los expedientes de esos centros, sigue encubriéndolos.
-Si creen que practican abortos ilegales, ¿por qué no lo denuncian como en el caso de Morín?
-No somos partidarios del activismo jurídico. Somos lentos. Han pasado dos años desde que empezamos hasta que hemos presentado la querella contra Morín y los que le acompañan, que además es extensiva a los responsables de Salud. Hay que fundamentar las cosas.
-«Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer y, encima, nos tratan como a asesinos», se lamenta el portavoz de la ACAI.
-¿Y por qué lo hacen?
-Defienden el derecho al aborto.
-No, lo hacen para ganar dinero. No han montado una cooperativa o una ONG, sino empresas con ánimo de lucro. Mientras el aborto esté privatizado, existe riesgo de ilegalidad. Es un escándalo que una actividad como ésta forme parte de la economía de mercado y se ejerza mediante sociedades mercantiles. Tiene que sacarse de la lógica del mercado, volver a la sanidad pública y bajo un cumplimiento estricto de la ley. Un aborto es un hecho irreparable al que a veces la mujer se enfrenta con grandes dudas.
-Están aprovechando este caso para hacer una campaña contra el aborto, les acusan algunos.
-En todo caso, una reflexión, que en nuestro país todavía no se ha hecho. ¿Cómo se ha llegado al escándalo moral de Carlos Morín? Han sido necesarias muchas complicidades durante mucho tiempo, una inhibición escandalosa, que muchos hayan hecho la vista gorda.
-¿Quiénes?
-Políticos, autoridades sanitarias, gobiernos, colegio de médicos, medios de comunicación... Hay otra cosa curiosa, en Cataluña, Hacienda ha hecho un montón de peinados fiscales en diversos sectores, sobre todo en actividades que se cree que pueden mover dinero negro. Bueno, pues nunca se han hecho a las empresas de Morín, pese a sus desproporcionados signos externos de riqueza. Tiene coches de lujo, una casa carísima, empresas de construcción...
-Habla de gobiernos que han hecho la vista gorda.
-Morín no ha construido su imperio abortista con el tripartito ni con Rodríguez Zapatero, aunque haya gozado con ellos de un momento especialmente favorable. Ha funcionado en el período de Jordi Pujol y con gobiernos del PP en Madrid. Nadie movió un papel para modificar nada, para establecer reglamentaciones. Ha habido un pecado de omisión.
-Usted fue consejero con Pujol.
-Sí, de Agricultura entre 1984 y 1990. La ley del aborto es del 85 y en los primeros años era algo con escasa dimensión social. Quizá por eso no le presté tanta atención; me ha ocurrido igual con otros asuntos.
-¿Le parece necesario que los medios de comunicación, al hablar de las clínicas ahora investigadas, se extiendan en aspectos como las trituradoras de fetos, cómo se extraen éstos, etcétera?
-Es fundamental porque el aborto, a fuerza de hacer de él bandera ideológica, se ha convertido en una abstracción. Una mujer entra en una clínica y sale de ella, y entre tanto no pasa nada. La pregunta sería a la inversa: si no se cuenta lo que ocurre, ¿no estamos omitiendo detalles fundamentales sobre el feto y sobre la mujer?

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