Asociaciones familiares y juristas muestran su apoyo al dictamen del CGPJ sobre el "matrimonio homosexual"
Agencia Veritas 18/01/2005
Requero, vocal del Consejo, no comprende por qué el Gobierno no quiere escuchar opiniones jurídicas
Con motivo del dictamen negativo aprobado hoy por el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de "matrimonio homosexual" y del posterior rechazo del Gobierno al mismo, José Luis Requero, vocal del Consejo, manifestó a Veritas "no sentirse sorprendido" por la reacción del Gobierno, aunque manifestó que era "lamentable en términos de relaciones institucionales entre el poder ejecutivo y judicial". El magistrado se declaró "perplejo" porque el Gobierno "no quiera escuchar opiniones de tipo jurídico, no de tipo confesional o ideológico".
Requero opina que esta actitud "se debe al empeño del Gobierno en sacar esta ley a toda costa y sin debate", y lamentó que "no solo no haya querido escuchar al CGPJ, que representa a todos los jueces de España, sino tampoco al Consejo de Estado ni a otras instituciones", lo que consideró "particularmente preocupante" al tratarse de una ley "de gran trascendencia social y para el derecho de familia".
Para el magistrado, podía haberse buscado otro tipo de reconocimiento civil, como por ejemplo un contrato de convivencia, "sin necesidad de meter la problemática jurídica de esas personas dentro de una institución como es el matrimonio, con unas características muy definidas, entre ellas la heterosexualidad, desvirtuando la naturaleza del mismo".
Por otro lado, Requero afirmó a Veritas que, de aprobarse esta ley, podrían presentar recurso de inconstitucionalidad "al menos cincuenta parlamentarios, o bien algún juez que al aplicarla detectara indicios de inconstitucionalidad".
También manifestó su apoyo al informe del CPGJ el Instituto de Política Familiar, que en una nota pedía al Gobierno "la retirada inmediata del anteproyecto de ley para su revisión".
Según manifestó a Veritas Eduardo Hertfelder, presidente del IPF, con este dictamen el Consejo "ratifica lo que desde hace tiempo vienen diciendo las asociaciones familiares, de que no se pueden equiparar realidades con fines distintos, y que las uniones del mismo sexo, ni pueden ser matrimonio ni pueden ser familia".
Para Hertfelder, el Gobierno ha recibido "un varapalo jurídico y social" con este anteproyecto de ley, y su rechazo a tener en cuenta al Consejo General muestra la "falta de diálogo" hacia sectores importantes de la sociedad.
Requero, vocal del Consejo, no comprende por qué el Gobierno no quiere escuchar opiniones jurídicas
Con motivo del dictamen negativo aprobado hoy por el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de "matrimonio homosexual" y del posterior rechazo del Gobierno al mismo, José Luis Requero, vocal del Consejo, manifestó a Veritas "no sentirse sorprendido" por la reacción del Gobierno, aunque manifestó que era "lamentable en términos de relaciones institucionales entre el poder ejecutivo y judicial". El magistrado se declaró "perplejo" porque el Gobierno "no quiera escuchar opiniones de tipo jurídico, no de tipo confesional o ideológico".
Requero opina que esta actitud "se debe al empeño del Gobierno en sacar esta ley a toda costa y sin debate", y lamentó que "no solo no haya querido escuchar al CGPJ, que representa a todos los jueces de España, sino tampoco al Consejo de Estado ni a otras instituciones", lo que consideró "particularmente preocupante" al tratarse de una ley "de gran trascendencia social y para el derecho de familia".
Para el magistrado, podía haberse buscado otro tipo de reconocimiento civil, como por ejemplo un contrato de convivencia, "sin necesidad de meter la problemática jurídica de esas personas dentro de una institución como es el matrimonio, con unas características muy definidas, entre ellas la heterosexualidad, desvirtuando la naturaleza del mismo".
Por otro lado, Requero afirmó a Veritas que, de aprobarse esta ley, podrían presentar recurso de inconstitucionalidad "al menos cincuenta parlamentarios, o bien algún juez que al aplicarla detectara indicios de inconstitucionalidad".
También manifestó su apoyo al informe del CPGJ el Instituto de Política Familiar, que en una nota pedía al Gobierno "la retirada inmediata del anteproyecto de ley para su revisión".
Según manifestó a Veritas Eduardo Hertfelder, presidente del IPF, con este dictamen el Consejo "ratifica lo que desde hace tiempo vienen diciendo las asociaciones familiares, de que no se pueden equiparar realidades con fines distintos, y que las uniones del mismo sexo, ni pueden ser matrimonio ni pueden ser familia".
Para Hertfelder, el Gobierno ha recibido "un varapalo jurídico y social" con este anteproyecto de ley, y su rechazo a tener en cuenta al Consejo General muestra la "falta de diálogo" hacia sectores importantes de la sociedad.
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