La Dictadura del Relativismo (DR) avanza a pasos agigantados, y no descansa ni en agosto; ahora su objetivo son las tiernas mentes de los escolares españoles, a los que va a someter a adoctrinamiento obligatorio mediante una asignatura ideada para mayor gloria del Régimen y mejor asimilación de su ideología radical-liberal (con tintes de marxismo de salón).Tampoco descansan los Defensores de la Libertad (DL); el Foro Español de la Familia, por ejemplo, anima a la objecion de conciencia y ofrece asesoría jurídica gratuita a los padres que no deseen que sus hijos sean adoctrinados en contra de sus convicciones.
Estupendamente lo explica mi admirado Juan Manuel de Prada en su artículo Educando a la ciudadanía (ABC, 31 de julio de 2006)
PUBLICABA ayer mi amigo Tulio Demicheli un muy interesante y bien argumentado artículo sobre la asignatura denominada Educación para la Ciudadanía, en el que censuraba el alineamiento de la facción opositora con posturas defendidas por organizaciones de militancia católica. Sostenía Demicheli que los valores y principios democráticos «no son innatos ni se aprenden por ciencia infusa»; y que, siendo el nuestro un país de muy exigua tradición democrática, receptor además de contingentes de emigrantes oriundos de países con tradición aún más exigua o inexistente, conviene que nuestros hijos «conozcan los ideales en que se sustenta nuestra organización social y política». ¿Quién podría oponerse a que nuestros hijos sean instruidos en la existencia de unos derechos humanos, de unas libertades individuales, de un deber de respeto a las minorías, etcétera? Algunos defendemos que la transmisión de tales principios rectores de nuestra convivencia debería permear la tarea educativa, antes que organizarse en torno a una disciplina teórica; pero en modo alguno nos opondríamos a su establecimiento.
Pero el rechazo de ciertos sectores sociales a esta asignatura llamada Educación para la Ciudadanía no creo que nazca de la aversión a tales principios, sino a su utilización ideológica y a la invasión de cierto ámbito de libertad personal e inviolable en el que el Estado no puede inmiscuirse, entre otras razones, porque la propia Constitución así lo establece, al reconocer la libertad de conciencia y el derecho de los padres a elegir la formación moral que desean para sus hijos. El ser humano, cada ser humano, alberga unas convicciones morales que no pueden ser intervenidas a gusto del Estado, salvo en lo que afecten a la convivencia social. En algún pasaje de su artículo, Demicheli nos recuerda que existen, por ejemplo, países donde el adulterio constituye delito; pero que el adulterio haya dejado de ser contemplado como tal por la legislación española no implica que muchas personas sigan considerándolo un acto inmoral o reprobable. Si mañana, en las escuelas -estoy planteando un caso imaginario- se enseñase a nuestros hijos que el adulterio es una práctica lícita y que, por tanto, puede practicarse sin reparo, ¿no habría razones para considerar que el Estado se esta propasando en sus atribuciones?
Demicheli, en una enumeración de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, menciona la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Principio que sólo los indeseables se atreverán a cuestionar; pero que, interpretado torticeramente, puede amparar operaciones de ingeniería social. La llamada «ideología de género» -que notoriamente infecta el contenido de esta asignatura llamada Educación para la Ciudadanía- pretende que entre hombres y mujeres sólo existe una banal diferencia fisiológica (subsanable, por lo demás, en el quirófano); y que, por lo tanto, cualquier peculiaridad afectiva masculina o femenina es un producto cultural que conviene erradicar. Yo aplaudiría que a mis hijos les instruyesen en la efectiva igualdad entre hombres y mujeres; no admitiría, en cambio, que los adoctrinaran en la «ideología de género». También aplaudiría que los formaran en el respeto a cada persona, con independencia de sus inclinaciones sexuales; en cambio, me sublevaría que les dijeran que tales inclinaciones constituyen una mera «opción» que cada persona puede inventar, modelar, rectificar o intercambiar a su antojo. En primer lugar, porque tal afirmación es falsa; en segundo lugar, porque atenta contra mis convicciones morales, en las que exijo que mis hijos sean formados. Convicciones que, por lo demás, no entran en conflicto con esos principios que sostienen el «noble edificio de nuestra convivencia».
Y así llegamos a la pregunta que mi amigo Tulio Demicheli no formulaba en su artículo. La asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, ¿se propone instruir en tales principios, o más bien utilizarlos ideológicamente con propósitos de ingeniería social?
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