Artículo de María Calvo Charro, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III (Madrid). arguments
El pasado 18 de junio miles de españoles salimos a la calle en defensa de la familia. Pero una manifestación que partía inicialmente de la oposición al denominado “matrimonio” entre homosexuales se convirtió en el escenario para otras muchas reivindicaciones, entre ellas, el derecho de los padres a elegir libremente la enseñanza que desean para sus hijos. Y es que resulta absolutamente paradójico que un Gobierno que permite, en virtud del respeto a la libertad personal, ejercer la opción de casarse indistintamente con un hombre o con una mujer (según cual sea la tendencia sexual del individuo en cuestión), no permita, limitando hasta el extremo esa misma libertad personal, la libre elección del tipo de educación que los padres desean para sus hijos.
Un gobierno que asegura que los niños adoptados por homosexuales no sufrirán ningún perjuicio sin embargo considera con demagogia paternalista que “lo mejor” para los niños es que sea la Administración la que decida el modelo educativo o el centro escolar al que han de acudir.
La educación se está convirtiendo en un monopolio en manos del Estado que decide qué es bueno y qué es malo para nuestros hijos, sin atender al criterio de los padres.
Nuestros gobernantes, los mismos que tanto insistieron en dar el sí a la mal llamada “Constitución Europea” al parecer ignoran que el art.14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) consagra “la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.
Pero más grave resulta el desprecio demostrado por el art.27 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho a la educación junto a la libertad de enseñanza, sin primar un tipo de escuela sobre otra, según la interpretación dada por nuestra jurisprudencia.
Este artículo refleja el acuerdo de posturas profundamente antagónicas que se sacrificaron en parte para obtener un resultado conveniente para toda la sociedad española. Este encuentro de ideologías divergentes quedó fielmente reflejado en las palabras que pronunció el portavoz del grupo UCD, Jiménez Blanco, en la última sesión dedicada al tema por el Pleno del Senado: “Entre ayer y hoy, queridos amigos de la Cámara, estamos enterrando, casi sin darnos cuenta tres problemas del constitucionalismo español”.
Se refería, como señala Garrido Falla, a los clásicos antagonismos: clericalismo-anticlericalismo; monarquía-república y enseñanza laica-enseñanza religiosa. Por ello, provoca enorme tristeza observar cómo actualmente este artículo resulta ignorado, manipulado o malinterpretado desde las más altas instancias del Gobierno del Estado y por el de algunas Comunidades Autónomas. Estamos ante un absoluto totalitarismo educativo. Sufrimos la imposición de un monopolio estatal en materia educativa que soportamos estoicamente y que, sin embargo, cualquiera juzgaría intolerable si afectara a la prensa o a la información.
Esta situación tiene además el peligro inherente de que desde la Administración se impongan, en aras del interés general, los valores de unos pocos a la población en general. Podríamos hablar incluso de la necesidad de “desnacionalizar” la escuela. No es inoportuno en este sentido traer a colación el recordatorio que el profesor Alzaga hizo en el Congreso de las palabras de Miterrand: “hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el Cuartel de Invierno, basta con tomar la escuela”. ¿Es esta la pretensión de nuestros gobernantes?, ¿cambiar la sociedad por medio del monopolio de la educación?
Pretenden la uniformización escolar en aras de la igualdad pero conculcan para ello la libertad. En España en nombre de una neutralidad laica no se deja espacio a la libertad. Como afirmó Bobbio al analizar las relaciones existentes entre igualdad y libertad: “La historia reciente nos ha ofrecido el dramático testimonio de un sistema social donde la persecución de la igualdad no sólo formal, sino bajo muchos aspectos también sustancial, se ha conseguido (además sólo en parte y de una manera muy inferior a las promesas) en detrimento de la libertad en todos sus significados”.(1)
Las palabras de este pensador italiano tienen su fiel reflejo en el ámbito educativo español donde en aras de un “igualitarismo masificador” (2) se restringe la libertad de enseñanza hasta el punto de no permitir la libre elección de centro. La libertad y la igualdad del individuo ¿acaso son incompatibles entre sí?, ¿es que la única alternativa que presenta nuestro tiempo es la que enfrenta la “democracia de la libertad” con la “democracia de la igualdad”? (3) .
La sociedad actual se mueve hacia la pluralidad y la diversidad, pretender una uniformización social desde las más básicas etapas escolares sólo puede ser entendido por ideologías privadoras de libertad, es decir, totalitarias.
Es curioso que las posturas más críticas frente al principio de libertad de enseñanza, en cuanto a pluralidad de escuelas y modelos educativos, las mantengan sobretodo quienes, en términos generales se manifiestan como defensores de la libertad y los derechos inalienables de la persona.
Ese afán del Gobierno por poner fin a los colegios religiosos, concertados o privados, y en especial a los diferenciados, nos trae a la memoria el “Programa Común de Gobierno” de la izquierda francesa (1973), que propugnaba como objetivo prioritario la lucha contra la segregación social.
Para ello concebía la enseñanza como un “servicio público, única y laica”; para conseguir lo cual se pretendía la “nacionalización” de todos los establecimientos privados que percibieran fondos públicos.
En cuanto a los colegios privados que no recibían subvenciones se intentaría progresivamente su integración en el sistema “oficial”. Pero en todo caso todos los padres podrían procurar a sus hijos “fuera de los locales escolares y sin el concurso de fondos públicos” la educación filosófica o religiosa que eligieran. Esperemos que no sea éste el modelo a seguir en nuestro país.
La libertad es más plena y genuina cuando la inteligencia alcanza un conocimiento más profundo, auténtico y menos reduccionista de la realidad. Siempre constituirá un enriquecimiento para la oferta educativa poder contar con el mayor número de opciones posibles, pero todas ellas deberán estar basadas en la formación de la persona.
Cada familia debería poder ver satisfechas sus preferencias con independencia de su nivel económico. Una sociedad plural y democrática exige asimismo una pluralidad de opciones educativas. Los padres saben mejor que nadie qué tipo de educación quieren para sus hijos. La Administración no solo no puede decidir por ellos (lo que es propio de los modelos de educación stalinista) sino que, por el contrario, tiene la obligación de favorecer el ejercicio de este derecho por parte de los padres, abriendo el abanico de opciones educativas al máximo posible.
El derecho a la educación está previsto en nuestra Constitución en el bloque blindado de los más importantes derechos fundamentales. Lo que nos lleva a tener un pensamiento escalofriante: si hoy no se respeta el derecho a la libertad de enseñanza, mañana podrá ser otro derecho fundamental el que resulte conculcado, como el derecho a la vida, a la integridad física o a la libertad de expresión.
Como afirma Garrido Falla, la democracia consiste fundamentalmente en un sistema en el que las reglas del juego impiden a quien está en el poder llevar sus convicciones hasta sus últimas consecuencias (imponiéndolas a los demás). Desde la oposición, todo el mundo reclama democracia y libertad; pero la única patente que garantiza tener estas cualidades, se acredita desde el poder, es decir, demostrando que se respetan las reglas del juego a pesar de tener la posibilidad de burlarlas... precisamente por disponer del poder (4).
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1 Norberto Bobbio; Derecha e izquierda. Razones y significados de una distancia política; Madrid; Taurus; 1995 2 Vid. al respecto, Inger Enkvist; El discurso europeo actual sobre educación; Ediciones Universales Internacionales; 2004. 3 F.Garrido Falla; Comentarios a la Constitución Española; ed: Cívitas; 1985; pág.544. 4 F.Garrido Falla; Comentarios a la Constitución Española; ed: Cívitas; 1985; pág.544..
El pasado 18 de junio miles de españoles salimos a la calle en defensa de la familia. Pero una manifestación que partía inicialmente de la oposición al denominado “matrimonio” entre homosexuales se convirtió en el escenario para otras muchas reivindicaciones, entre ellas, el derecho de los padres a elegir libremente la enseñanza que desean para sus hijos. Y es que resulta absolutamente paradójico que un Gobierno que permite, en virtud del respeto a la libertad personal, ejercer la opción de casarse indistintamente con un hombre o con una mujer (según cual sea la tendencia sexual del individuo en cuestión), no permita, limitando hasta el extremo esa misma libertad personal, la libre elección del tipo de educación que los padres desean para sus hijos.Un gobierno que asegura que los niños adoptados por homosexuales no sufrirán ningún perjuicio sin embargo considera con demagogia paternalista que “lo mejor” para los niños es que sea la Administración la que decida el modelo educativo o el centro escolar al que han de acudir.
La educación se está convirtiendo en un monopolio en manos del Estado que decide qué es bueno y qué es malo para nuestros hijos, sin atender al criterio de los padres.
Nuestros gobernantes, los mismos que tanto insistieron en dar el sí a la mal llamada “Constitución Europea” al parecer ignoran que el art.14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) consagra “la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.
Pero más grave resulta el desprecio demostrado por el art.27 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho a la educación junto a la libertad de enseñanza, sin primar un tipo de escuela sobre otra, según la interpretación dada por nuestra jurisprudencia.
Este artículo refleja el acuerdo de posturas profundamente antagónicas que se sacrificaron en parte para obtener un resultado conveniente para toda la sociedad española. Este encuentro de ideologías divergentes quedó fielmente reflejado en las palabras que pronunció el portavoz del grupo UCD, Jiménez Blanco, en la última sesión dedicada al tema por el Pleno del Senado: “Entre ayer y hoy, queridos amigos de la Cámara, estamos enterrando, casi sin darnos cuenta tres problemas del constitucionalismo español”.
Se refería, como señala Garrido Falla, a los clásicos antagonismos: clericalismo-anticlericalismo; monarquía-república y enseñanza laica-enseñanza religiosa. Por ello, provoca enorme tristeza observar cómo actualmente este artículo resulta ignorado, manipulado o malinterpretado desde las más altas instancias del Gobierno del Estado y por el de algunas Comunidades Autónomas. Estamos ante un absoluto totalitarismo educativo. Sufrimos la imposición de un monopolio estatal en materia educativa que soportamos estoicamente y que, sin embargo, cualquiera juzgaría intolerable si afectara a la prensa o a la información.
Esta situación tiene además el peligro inherente de que desde la Administración se impongan, en aras del interés general, los valores de unos pocos a la población en general. Podríamos hablar incluso de la necesidad de “desnacionalizar” la escuela. No es inoportuno en este sentido traer a colación el recordatorio que el profesor Alzaga hizo en el Congreso de las palabras de Miterrand: “hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el Cuartel de Invierno, basta con tomar la escuela”. ¿Es esta la pretensión de nuestros gobernantes?, ¿cambiar la sociedad por medio del monopolio de la educación?
Pretenden la uniformización escolar en aras de la igualdad pero conculcan para ello la libertad. En España en nombre de una neutralidad laica no se deja espacio a la libertad. Como afirmó Bobbio al analizar las relaciones existentes entre igualdad y libertad: “La historia reciente nos ha ofrecido el dramático testimonio de un sistema social donde la persecución de la igualdad no sólo formal, sino bajo muchos aspectos también sustancial, se ha conseguido (además sólo en parte y de una manera muy inferior a las promesas) en detrimento de la libertad en todos sus significados”.(1)
Las palabras de este pensador italiano tienen su fiel reflejo en el ámbito educativo español donde en aras de un “igualitarismo masificador” (2) se restringe la libertad de enseñanza hasta el punto de no permitir la libre elección de centro. La libertad y la igualdad del individuo ¿acaso son incompatibles entre sí?, ¿es que la única alternativa que presenta nuestro tiempo es la que enfrenta la “democracia de la libertad” con la “democracia de la igualdad”? (3) .
La sociedad actual se mueve hacia la pluralidad y la diversidad, pretender una uniformización social desde las más básicas etapas escolares sólo puede ser entendido por ideologías privadoras de libertad, es decir, totalitarias.
Es curioso que las posturas más críticas frente al principio de libertad de enseñanza, en cuanto a pluralidad de escuelas y modelos educativos, las mantengan sobretodo quienes, en términos generales se manifiestan como defensores de la libertad y los derechos inalienables de la persona.
Ese afán del Gobierno por poner fin a los colegios religiosos, concertados o privados, y en especial a los diferenciados, nos trae a la memoria el “Programa Común de Gobierno” de la izquierda francesa (1973), que propugnaba como objetivo prioritario la lucha contra la segregación social.
Para ello concebía la enseñanza como un “servicio público, única y laica”; para conseguir lo cual se pretendía la “nacionalización” de todos los establecimientos privados que percibieran fondos públicos.
En cuanto a los colegios privados que no recibían subvenciones se intentaría progresivamente su integración en el sistema “oficial”. Pero en todo caso todos los padres podrían procurar a sus hijos “fuera de los locales escolares y sin el concurso de fondos públicos” la educación filosófica o religiosa que eligieran. Esperemos que no sea éste el modelo a seguir en nuestro país.
La libertad es más plena y genuina cuando la inteligencia alcanza un conocimiento más profundo, auténtico y menos reduccionista de la realidad. Siempre constituirá un enriquecimiento para la oferta educativa poder contar con el mayor número de opciones posibles, pero todas ellas deberán estar basadas en la formación de la persona.
Cada familia debería poder ver satisfechas sus preferencias con independencia de su nivel económico. Una sociedad plural y democrática exige asimismo una pluralidad de opciones educativas. Los padres saben mejor que nadie qué tipo de educación quieren para sus hijos. La Administración no solo no puede decidir por ellos (lo que es propio de los modelos de educación stalinista) sino que, por el contrario, tiene la obligación de favorecer el ejercicio de este derecho por parte de los padres, abriendo el abanico de opciones educativas al máximo posible.
El derecho a la educación está previsto en nuestra Constitución en el bloque blindado de los más importantes derechos fundamentales. Lo que nos lleva a tener un pensamiento escalofriante: si hoy no se respeta el derecho a la libertad de enseñanza, mañana podrá ser otro derecho fundamental el que resulte conculcado, como el derecho a la vida, a la integridad física o a la libertad de expresión.
Como afirma Garrido Falla, la democracia consiste fundamentalmente en un sistema en el que las reglas del juego impiden a quien está en el poder llevar sus convicciones hasta sus últimas consecuencias (imponiéndolas a los demás). Desde la oposición, todo el mundo reclama democracia y libertad; pero la única patente que garantiza tener estas cualidades, se acredita desde el poder, es decir, demostrando que se respetan las reglas del juego a pesar de tener la posibilidad de burlarlas... precisamente por disponer del poder (4).
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1 Norberto Bobbio; Derecha e izquierda. Razones y significados de una distancia política; Madrid; Taurus; 1995 2 Vid. al respecto, Inger Enkvist; El discurso europeo actual sobre educación; Ediciones Universales Internacionales; 2004. 3 F.Garrido Falla; Comentarios a la Constitución Española; ed: Cívitas; 1985; pág.544. 4 F.Garrido Falla; Comentarios a la Constitución Española; ed: Cívitas; 1985; pág.544..
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