(VERITAS) Madrid, 12/10/2005 Reproducimos, por su interés, una carta al director publicada por el diario El País, escrita por Modesto Romero Cid, Secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.Dicha carta, titulada "Religión con cambios", responde a un editorial de este diario del pasado viernes 7 de octubre, titulado "Religión sin cambios":
Religión y educación con cambios
Uno de los editoriales del diario EL PAÍS del 7 de octubre vierte algunas afirmaciones acerca del proyecto de Ley Orgánica de Educación que creo no responden a la realidad. Permítame algunas aclaraciones al respecto.
1. En cuanto a los cauces ordinarios de relación con el Gobierno, hay que decir que la comisión mixta Iglesia-Estado se ha reunido una sola vez de manera puramente formal. El Gobierno no ha dialogado ni dialoga con la Conferencia Episcopal sobre la LOE.
2. El gran problema no es sólo la enseñanza religiosa, sino la educación y, por tanto, el proyecto de ley en su conjunto en el cual se cercenan el derecho primario de los padres a la educación de sus hijos y la misma libertad de enseñanza. El Estado se erige como único titular originario del derecho a la educación, quedando los padres y los centros educativos reducidos a meros concesionarios de tal derecho. Se trata de una clara estatalización contraria a la libertad de enseñanza.
3. La enseñanza religiosa no queda como siempre, ni sobre ella hubo pacto constitucional alguno. El proyecto de ley, ahora en el Parlamento, ha eliminado incluso que la religión sea de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, e introduce un gravísimo cambio unilateral en el estatuto laboral de los profesores.
4. Por otra parte, el Gobierno de UCD estableció que la enseñanza religiosa se impartiera como asignatura optativa y evaluable, con la Ética como alternativa. Esta situación fue aceptada por todos hasta 1990, cuando la LOGSE introduce disposiciones discriminatorias para la religión. Nunca la Conferencia Episcopal ha pretendido que la enseñanza de la religión católica fuera obligatoria para todos, y, de hecho, nunca ha sido.
Nadie verdaderamente interesado en la salud de la democracia tendrá nada que objetar a que los padres defiendan sus derechos a escoger el tipo de educación que prefieran y la formación religiosa y moral que responda a sus convicciones con todos los medios legítimos a su alcance.
Religión sin cambios
A los obispos españoles no les falta ocasión ni ámbitos institucionales para exponer al Gobierno sus demandas y opiniones en los asuntos que tienen que ver con "las relaciones de cooperación" que el Estado debe mantener con la Iglesia católica y demás confesiones religiosas según la Constitución. Las comisiones mixtas Iglesia-Estado responden a ese objetivo. Más discutible es que esos asuntos tengan que solventarse en la calle, poniéndose al frente de manifestaciones o avalando las que algunos grupos convocan contra determinadas políticas sociales y educativas.
Lo que es exigible es que los hechos por los que se movilizan sean ciertos y no falsas apreciaciones, como lo es que la Ley Orgánica de Educación (LOE), en trámite parlamentario, sea un ataque a la enseñanza de la religión católica en la escuela pública. Sin embargo, esa suposición, presentada como un atentado a un derecho fundamental, está detrás de las manifestaciones anunciadas para el mes próximo por la Confederación Católica de Padres de Alumnos contra la reforma educativa del Gobierno y que los obispos apoyan.
El hecho cierto es que la enseñanza de la religión católica en la escuela pública no cambia y que se impartirá como siempre desde los tiempos de los Gobiernos de UCD, los del PSOE y también los del PP, según un sistema que, con algunos retoques del Tribunal Supremo, ha sido considerado compatible con el carácter no confesional del Estado: una materia de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. Quienes quieran estudiar religión católica podrán hacerlo, y los que no lo hagan tendrán la opción de asistir a escuelas talleres, realizar actividades de ocio o dedicarse al estudio. Se respeta, pues, el derecho de todos, y explícitamente el de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa y moral acorde con
sus convicciones.
Lo que ha quedado en papel mojado son los cambios que introdujo en la enseñanza religiosa la Ley de Calidad aprobada en el último tramo de la anterior legislatura y que no llegaron a ponerse en práctica: dos asignaturas, Religión Católica y Hecho Religioso, de fuerte contenido doctrinal, que los alumnos estaban obligados a elegir y que tenían un peso similar a las matemáticas o la lengua a efectos de repetición de curso y nota media. Cambios dudosamente compatibles con un Estado aconfesional, que exceden del derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos en
la escuela pública y que la actual mayoría parlamentaria considera rupturistas con el delicado pacto constitucional mantenido hasta ahora en la materia.
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