Ya no es una cuestión pedagógica, o educativa, que no sería poco, la oposición a la llamada Ley Celaá es una obligación en defensa de los derechos de las personas y de las familias frente al totalitarismo del Estado, es una cuestión de libertad.
Ayer domingo 22 de noviembre, miles de personas, familias enteras, educadores, padres, alumnos, profesionales de la enseñanza, sindicalistas, salimos a la calle en "auto-manifestación", para exigir que se detenga la tramitación de esta ley insolidaria, agresiva, totalitaria y sin consenso.
Vuelvo a decirlo una vez más, la verdadera disyuntiva está entre un estatalismo totalitario que abusa de "lo público" -que es de todos y debiera ser para todos-, y los ciudadanos, que pagan los impuestos, crean riqueza y son los depositarios de los derechos humanos.
Los motivos por los que digo todo lo anterior están muy bien recogidos en la web de Más Plurales, la plataforma creada para enfrentarse a este atropello totalitario. En ella puede leerse el manifiesto que ha consensuado esta plataforma para la ocasión.
En Granada, el manifiesto lo ha leído el juez de menores Emilio Calatayud, que tan bien conoce los efectos delictivos y desestructuradores de una mala educación y de la merma del derecho-deber de los padres a la educación de sus hijos.
Esta batalla no es ninguna tontería, nos jugamos el presente y el futuro de nuestro país, de la verdadera democracia, de la libertad.
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