Una vez más, se reproduce la cadena de los cambios sociales: discriminación, tolerancia, igualdad, discriminación positiva, imposición, represión. Diversas leyes autonómicas están alcanzando, de un solo golpe, los tres últimos eslabones de la tiranía, los que llevan a premiar a los LGTB, imponer su ideología de género a los demás y reprimir a los que no les parezca genial. El siguiente artículo de ACEPRENSA hace un rápido resumen del fondo -grave- de la cuestión.
El intenso debate que provocó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, considerada como una intromisión en el derecho de los padres a elegir la formación que desean para sus hijos, contrasta con la silenciosa tramitación de varias leyes autonómicas que pretenden impulsar la agenda LGTB y adoctrinar en asuntos referentes a la afectividad y la sexualidad.
Galicia ha sido la primera comunidad autónoma que ha aprobado una iniciativa de este tipo, titulada “Ley por la igualdad de trato y no discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales”. Cataluña podría sumarse en breve. Extremadura y Valencia también están considerando proyectos similares. Y Andalucía está a punto de aprobar otra iniciativa antidiscriminación, centrada en los transexuales.
Benigno Blanco, abogado y presidente del Foro de la Familia, ha estudiado en profundidad estas leyes y cree que en poco tiempo se plantearán otras parecidas en las demás comunidades autónomas.
Una cosa es luchar contra la discriminación, y otra pretender adoctrinar en asuntos referentes a la afectividad y la sexualidad
“El modelo es siempre el mismo: los partidos de la izquierda radical (BNG, IU, ERC y PSOE) presentan una proposición de ley según un modelo predeterminado elaborado en algún laboratorio de pensamiento LGTB y la ley se aprueba sin mayor debate y al margen de la opinión pública”, explica Blanco en Páginas Digital.
Todos iguales ante la ley
El abogado asturiano cree que las leyes antidiscriminación que se han planteado en España tienen un error conceptual de partida: considerar que hay personas LGTB, como si fueran una categoría aparte “con derechos distintos y más potentes que los demás”. En efecto, el ordenamiento jurídico español ya prevé medidas para garantizar que todos los ciudadanos tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.
Unido a lo anterior hay otro error de fondo: “Se pretende dar el mismo tratamiento a la persona, a su comportamiento sexual y a ciertas opiniones (las del movimiento LGTB) sobre la sexualidad, cuando de hecho son cosas distintas”.
“A la persona hay que respetarla siempre; y respecto a ella no caben discriminaciones de ningún tipo. Las conductas sexuales, por el contrario, son respetables si no incurren en materia delictiva pero no es discriminatorio un juicio crítico sobre ellas. Respecto a las opiniones en materia de sexualidad, se aplica la libertad de pensamiento e ideológica sin más límites que los generales de estas libertades”.
La experiencia de otros países muestra que las medidas antidiscriminación se pueden usar para negar al discrepante derechos y libertades básicos
Prohibido discrepar
La confusión que traen estas leyes es peligrosa porque puede llevar a censurar e incluso a perseguir las opiniones contrarias a la visión de la sexualidad defendida por el colectivo LGTB.
Lo que pretenden estas leyes –dice Benigno Blanco– “es privilegiar una ideología y una forma de entender la sexualidad, imponiéndola coactivamente al resto de la sociedad, como si discrepar de esa ideología fuese discriminar a las personas que viven conforme a ella”.
Según esta visión cada cual puede elegir su propia identidad y orientación sexual con independencia de su sexo biológico; en consecuencia, la distinción entre hombre y mujer es arbitraria, y todas las prácticas sexuales son igualmente válidas.
Al suprimir la libertad para cuestionar esa concepción de la sexualidad, Blanco ve en esas leyes “una amenaza fundada al ejercicio de los derechos constitucionales básicos” de quienes no están de acuerdo con la ideología de género.
La experiencia de países como EE.UU., Canadá o Reino Unido muestra que las medidas antidiscriminación se pueden usar para restringir derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones (cfr.Aceprensa, 5-03-2014 y 1-04-2013).
Las leyes obligan a las administraciones públicas a hacer visible la ideología LGTB en todos los ámbitos sociales
Trato de favor y adoctrinamiento
Pero las leyes españoles dan un paso más. No solo impiden las críticas contra una determinada visión de la sexualidad: también pretenden “obligar por ley [a las administraciones autonómicas] a hacer visible en todos los ámbitos sociales” esa manera de entender la sexualidad.
Si en el texto de esas leyes, comenta Blanco, sustituyéramos la referencia a “las personas LGTB” o a las “asociaciones LGTB” por la de “católicos” o “instituciones católicas”, “seguro que escandalizaría a todo buen demócrata amante de la libertad, pues vería en ese texto una búsqueda de privilegios por parte de los católicos incompatible con una sociedad libre y pluralista, y con razón”.
Tomemos como ejemplo la ley gallega. Además de las medidas de discriminación positiva previstas en el artículo 5, lo que permite justificar el trato de favor al colectivo LGTBI, la ley ordena adoptar políticas públicas para “el fomento y la promoción de la igualdad, visibilidad y no discriminación” de ese colectivo en los siguientes ámbitos: policial, judicial, laboral, familiar, sanitario, educativo, cultural y de ocio, deportivo, juvenil y en el de la comunicación (cfr. artículo 2.2). Como se ve, ningún rincón de la sociedad se va a quedar sin el oportuno adoctrinamiento.
Especialmente polémicas son las medidas previstas para adoctrinar a los menores en la escuela (artículos 22 a 26), lo que incluye desde la obligación de incorporar “la realidad LGTBI a los planes de estudio” mediante “contenidos transversales de formación” (artículo 22) hasta la celebración con fondos públicos de eventos como el día del orgullo gay (cfr. artículo 26.2).
Otros ámbitos sensibles son los de la cultura y los medios de comunicación. En las bibliotecas gallegas habrá una sección de literatura LGTBI (artículo 27); el gobierno gallego impulsará y financiará “la producciones culturales que contemplen la realidad LGTBI” y sus “referentes positivos” (artículo 28.1), así como “las actividades culturales destinadas a la concienciación y normalización del hecho LGTBI” (artículo 28.2); las subvenciones a los medios de comunicación de titularidad autonómica también se harán depender de su grado de adhesión a los postulados de la ley (cfr. artículos31 a33).
El Foro de la Familia ha anunciado que va a pedir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que son los que están legitimados, a recurrir estas leyes ante el Tribunal Constitucional.
Galicia ha sido la primera comunidad autónoma que ha aprobado una iniciativa de este tipo, titulada “Ley por la igualdad de trato y no discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales”. Cataluña podría sumarse en breve. Extremadura y Valencia también están considerando proyectos similares. Y Andalucía está a punto de aprobar otra iniciativa antidiscriminación, centrada en los transexuales.
Benigno Blanco, abogado y presidente del Foro de la Familia, ha estudiado en profundidad estas leyes y cree que en poco tiempo se plantearán otras parecidas en las demás comunidades autónomas.
Una cosa es luchar contra la discriminación, y otra pretender adoctrinar en asuntos referentes a la afectividad y la sexualidad
“El modelo es siempre el mismo: los partidos de la izquierda radical (BNG, IU, ERC y PSOE) presentan una proposición de ley según un modelo predeterminado elaborado en algún laboratorio de pensamiento LGTB y la ley se aprueba sin mayor debate y al margen de la opinión pública”, explica Blanco en Páginas Digital.
Todos iguales ante la ley
El abogado asturiano cree que las leyes antidiscriminación que se han planteado en España tienen un error conceptual de partida: considerar que hay personas LGTB, como si fueran una categoría aparte “con derechos distintos y más potentes que los demás”. En efecto, el ordenamiento jurídico español ya prevé medidas para garantizar que todos los ciudadanos tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.
Unido a lo anterior hay otro error de fondo: “Se pretende dar el mismo tratamiento a la persona, a su comportamiento sexual y a ciertas opiniones (las del movimiento LGTB) sobre la sexualidad, cuando de hecho son cosas distintas”.
“A la persona hay que respetarla siempre; y respecto a ella no caben discriminaciones de ningún tipo. Las conductas sexuales, por el contrario, son respetables si no incurren en materia delictiva pero no es discriminatorio un juicio crítico sobre ellas. Respecto a las opiniones en materia de sexualidad, se aplica la libertad de pensamiento e ideológica sin más límites que los generales de estas libertades”.
La experiencia de otros países muestra que las medidas antidiscriminación se pueden usar para negar al discrepante derechos y libertades básicos
Prohibido discrepar
La confusión que traen estas leyes es peligrosa porque puede llevar a censurar e incluso a perseguir las opiniones contrarias a la visión de la sexualidad defendida por el colectivo LGTB.
Lo que pretenden estas leyes –dice Benigno Blanco– “es privilegiar una ideología y una forma de entender la sexualidad, imponiéndola coactivamente al resto de la sociedad, como si discrepar de esa ideología fuese discriminar a las personas que viven conforme a ella”.
Según esta visión cada cual puede elegir su propia identidad y orientación sexual con independencia de su sexo biológico; en consecuencia, la distinción entre hombre y mujer es arbitraria, y todas las prácticas sexuales son igualmente válidas.
Al suprimir la libertad para cuestionar esa concepción de la sexualidad, Blanco ve en esas leyes “una amenaza fundada al ejercicio de los derechos constitucionales básicos” de quienes no están de acuerdo con la ideología de género.
La experiencia de países como EE.UU., Canadá o Reino Unido muestra que las medidas antidiscriminación se pueden usar para restringir derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones (cfr.Aceprensa, 5-03-2014 y 1-04-2013).
Las leyes obligan a las administraciones públicas a hacer visible la ideología LGTB en todos los ámbitos sociales
Trato de favor y adoctrinamiento
Pero las leyes españoles dan un paso más. No solo impiden las críticas contra una determinada visión de la sexualidad: también pretenden “obligar por ley [a las administraciones autonómicas] a hacer visible en todos los ámbitos sociales” esa manera de entender la sexualidad.
Si en el texto de esas leyes, comenta Blanco, sustituyéramos la referencia a “las personas LGTB” o a las “asociaciones LGTB” por la de “católicos” o “instituciones católicas”, “seguro que escandalizaría a todo buen demócrata amante de la libertad, pues vería en ese texto una búsqueda de privilegios por parte de los católicos incompatible con una sociedad libre y pluralista, y con razón”.
Tomemos como ejemplo la ley gallega. Además de las medidas de discriminación positiva previstas en el artículo 5, lo que permite justificar el trato de favor al colectivo LGTBI, la ley ordena adoptar políticas públicas para “el fomento y la promoción de la igualdad, visibilidad y no discriminación” de ese colectivo en los siguientes ámbitos: policial, judicial, laboral, familiar, sanitario, educativo, cultural y de ocio, deportivo, juvenil y en el de la comunicación (cfr. artículo 2.2). Como se ve, ningún rincón de la sociedad se va a quedar sin el oportuno adoctrinamiento.
Especialmente polémicas son las medidas previstas para adoctrinar a los menores en la escuela (artículos 22 a 26), lo que incluye desde la obligación de incorporar “la realidad LGTBI a los planes de estudio” mediante “contenidos transversales de formación” (artículo 22) hasta la celebración con fondos públicos de eventos como el día del orgullo gay (cfr. artículo 26.2).
Otros ámbitos sensibles son los de la cultura y los medios de comunicación. En las bibliotecas gallegas habrá una sección de literatura LGTBI (artículo 27); el gobierno gallego impulsará y financiará “la producciones culturales que contemplen la realidad LGTBI” y sus “referentes positivos” (artículo 28.1), así como “las actividades culturales destinadas a la concienciación y normalización del hecho LGTBI” (artículo 28.2); las subvenciones a los medios de comunicación de titularidad autonómica también se harán depender de su grado de adhesión a los postulados de la ley (cfr. artículos31 a33).
El Foro de la Familia ha anunciado que va a pedir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que son los que están legitimados, a recurrir estas leyes ante el Tribunal Constitucional.
Comentarios
Por un lado, con el señuelo de la igualdad y el respeto a las personas, demonizan, ciertas opiniones y adoctrinan con otras, atentando a las libertades personales.
Estas reformas confunden interesadamente la divergencia de opiniones y el juicio de actitudes con ataques a la persona.
Es esquizofrénico que el Estado eduque en sentido contrario al de los padres: la educación de los hijos es derecho-deber de los padres, a los que el Estado debe ayudar, no contradecir.
En fin, pienso que el artículo explica esto bastante bien; quizá haya que leerlo dos veces.
Un saludo,